La indignación recorre el país y traspasa fronteras. Un video, crudo y desgarrador, ha sacado a la luz la violencia que se ocultaba tras las paredes de un hogar en la costa central del Perú. En él, se observa a Diego Cadillo, alcalde de la localidad, agrediendo brutalmente a su pareja frente a su propio hijo. La escena, captada por una cámara de seguridad el pasado 4 de agosto de 2025, muestra la llegada de Cadillo, aparentemente en estado de ebriedad, al domicilio de la víctima. Sin mediar palabra, la toma con fuerza y la lleva hasta el sillón, donde comienza a propinarle golpes reiterados. La impotencia se apodera de quienes ven las imágenes, mientras el pequeño hijo de la pareja observa la aterradora escena, paralizado por el miedo.

Este acto de barbarie no es un episodio aislado. La madre de la víctima ha revelado que la relación era "demasiado tóxica", marcada por los celos enfermizos de Cadillo y su negativa a que ella compartiera con su familia. Además, se ha confirmado que la víctima ya había denunciado previamente al alcalde por agresión psicológica, incluyendo insultos reiterados a través de WhatsApp, después de que ella le reclamara una deuda pendiente. Este nuevo episodio de violencia física confirma el patrón de abuso y la escalada de la situación, que ha pasado de las palabras a los golpes, poniendo en grave peligro la vida de la mujer.

La viralización del video en redes sociales ha desatado una ola de repudio no solo en Perú, sino también en otros países. Usuarios de diversas partes del mundo han expresado su indignación y exigen justicia, pidiendo la inmediata destitución de Cadillo de su cargo y su condena ejemplar. Las autoridades peruanas han respondido a la presión social y han arrestado al alcalde, quien ahora enfrenta una investigación por tentativa de feminicidio. Sin embargo, la familia de la víctima vive con el temor de que Cadillo sea liberado en las próximas horas, a pesar de la contundencia de las pruebas.

Este caso pone de manifiesto, una vez más, la vulnerabilidad de las mujeres frente a la violencia de género y la necesidad de medidas más efectivas para protegerlas. La impunidad no puede ser una opción. Es crucial que las autoridades garanticen la seguridad de la víctima y su familia, y que se aplique todo el peso de la ley contra el agresor. Más allá de este caso particular, es imperativo que la sociedad en su conjunto se involucre en la erradicación de la violencia machista, promoviendo la educación en igualdad y creando redes de apoyo para las víctimas. El silencio es cómplice, y la justicia debe prevalecer para que ninguna mujer más tenga que vivir con miedo. El futuro de una sociedad más justa e igualitaria depende de nuestra capacidad de decir basta y actuar con firmeza contra la violencia de género.