La tensión se palpa en el aire de Zapopan, Jalisco. El tic-tac del reloj resuena con la fuerza de un martillo contra el yunque de la justicia. Este 8 de agosto no es un día cualquiera; es el día D, el día en que se pondrá a prueba la solidez del Estado de Derecho frente a los muros, a veces infranqueables, del poder político. Juan Pablo Magaña Vázquez, director de Ordenamiento del Territorio, se encuentra en el ojo del huracán. Acusado de desacato a una sentencia del Tribunal de Justicia Administrativa, Magaña ha optado por escudarse tras un juicio de amparo, una estrategia que, si bien legal, levanta sospechas sobre sus verdaderas intenciones. ¿Busca justicia o simplemente ganar tiempo?

La jueza Flor Nayelli Carreón García, titular del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa, tiene en sus manos una decisión crucial. El expediente 1646/2025, un laberinto de incidentes, notificaciones fallidas y dilaciones, se presenta ante ella como un desafío a su imparcialidad. ¿Se inclinará la balanza hacia la legalidad o se dejará influir por las presiones del poder? El silencio del alcalde Juan José Frangie, jefe directo de Magaña, es más elocuente que cualquier declaración. No solo no ha destituido al funcionario, sino que, según fuentes cercanas al Palacio de Gobierno, cuenta con su total respaldo. Un silencio que se interpreta como un aval tácito al desacato, un mensaje claro de que en Zapopan, la ley puede ser moldeada a conveniencia.

La audiencia constitucional, programada para las 10:25 horas, se presenta como un momento decisivo. ¿Se hará valer el imperio de la ley o se consolidará la impunidad? La ciudadanía observa, expectante, mientras la legalidad permanece en un limbo, a la espera de una resolución que podría sentar un precedente peligroso. El desgaste, no solo del tiempo, sino también de la confianza ciudadana en las instituciones, es el precio que se paga por la inacción y la tolerancia a la corrupción.

Y mientras en Jalisco la justicia se tambalea, en Baja California se escenifica otro acto de la tragicomedia del poder. El Congreso local, en una decisión que desafía la lógica y el sentido común, ha nombrado a Fidel Mogollón Pérez prosecretario de la Mesa Directiva. ¿Sus credenciales? Una acusación por violencia familiar contra su esposa, presuntos vínculos con el narcotráfico y una serie de averiguaciones previas que lo persiguen como una sombra.

El mismo diputado que se jactaba de conocer a narcotraficantes y tratantes de personas “con visa”, el que fue expulsado de Morena por agredir a su esposa, hoy ocupa un puesto de relevancia en la dirección legislativa. Un ascenso que premia la violencia y la impunidad, un mensaje devastador para las víctimas de maltrato y una bofetada a la lucha por la igualdad.

El silencio cómplice de las legisladoras, que en el pasado alzaron la voz contra la violencia de género, es tan condenable como la propia designación de Mogollón. La fiscal general, María Elena Andrade, argumenta que la víctima no ha ratificado la denuncia, pero la carpeta de investigación por violencia familiar sigue abierta. ¿Es acaso necesario que la violencia deje marcas indelebles para que se actúe?

De castigo a ascenso, así funciona la justicia selectiva en Baja California, donde los agresores son blindados y premiados con las sillas del poder. Dos casos, dos estados, una misma problemática: la impunidad que corroe las instituciones y mina la confianza de la ciudadanía en la justicia. ¿Hasta cuándo seguiremos tolerando que el poder se imponga sobre la ley? La respuesta, quizás, la encontremos en la decisión de la jueza Carreón y en la reacción de la sociedad ante la indigna premiación de Mogollón. El 8 de agosto, más que una fecha, es un símbolo de la lucha por un país donde la justicia sea para todos, no solo para los poderosos.