La sombra de la corrupción se cierne sobre el país, manchando la credibilidad del gobierno y generando una profunda desconfianza en la ciudadanía. En medio de este panorama turbio, el Ejecutivo nos sorprende con una propuesta de reforma electoral que, lejos de tranquilizar, enciende todas las alarmas. La designación de una figura incondicional al régimen para encabezar la comisión encargada de la reforma no hace más que alimentar las sospechas de que se trata de una maniobra política para distraer la atención de los graves problemas que aquejan al país, o peor aún, un intento de afianzar su control sobre el sistema electoral.

México no necesita una reforma electoral a la medida del partido en el poder. Lo que urge es una reforma que fortalezca la democracia, no que la debilite. Una reforma que garantice la imparcialidad del árbitro electoral, la transparencia en las reglas del juego y la auténtica representación de la ciudadanía en el Congreso. Lo que se nos presenta es una propuesta que busca concentrar el poder, no distribuirlo. Una propuesta que pretende silenciar las voces disidentes, no amplificarlas.

Mientras la violencia del crimen organizado se extiende por el territorio nacional, el gobierno federal parece más preocupado por rediseñar el sistema electoral a su conveniencia que por enfrentar la grave crisis de seguridad que vivimos. Esta no es una coincidencia. Cada vez que un escándalo de corrupción o un problema serio amenaza con afectar la imagen del partido gobernante, la estrategia es la misma: desviar la atención, cambiar el tema, crear una cortina de humo. En esta ocasión, la cortina de humo es una reforma electoral disfrazada de modernización.

La propuesta de eliminar o reducir drásticamente las diputaciones plurinominales es un ataque directo a la representación plural y al equilibrio democrático. Estos espacios no son un privilegio de la clase política, sino una garantía para que las minorías tengan voz en el Congreso. Suprimirlos significaría entregarle al partido mayoritario un control absoluto del poder legislativo, distorsionando la voluntad ciudadana y anulando la diversidad política del país.

La supuesta austeridad con la que se justifica la reducción del presupuesto del INE y la disminución del número de consejeros es una falacia. Se trata de un intento de debilitar la institución que garantiza la limpieza y la transparencia de los procesos electorales. Y la propuesta de elegir a los consejeros del INE por voto popular, después del fraude que representó la elección de jueces y magistrados, es una amenaza directa a la independencia del órgano electoral.

Desde la sociedad civil, exigimos una reforma electoral que nazca de las demandas ciudadanas, no de los intereses del poder. Una reforma que fortalezca la democracia, no que la debilite. Una reforma que garantice la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas.

Los foros, encuestas y consultas anunciadas por la Presidencia deben ser genuinos, no simulaciones. El diálogo debe ser real, no una puesta en escena. Todas las voces deben ser escuchadas, no solo las que convienen al poder.

No podemos permitir que se desmantelen las instituciones que con tanto esfuerzo hemos construido. No podemos permitir que se silencie la voz de la ciudadanía. No podemos permitir que la democracia se convierta en una simulación. Defenderemos con firmeza la imparcialidad del INE, la representación plural y la limpieza de los procesos electorales. Porque la democracia no se negocia, se defiende.