La incertidumbre rodea el futuro legal de Pablo Lyle, el actor mexicano que cumple una condena de cinco años en una prisión de Miami tras un trágico incidente vial en 2019. A pesar de estar tras las rejas, su situación legal ha dado un giro inesperado al quedarse sin representación legal, lo que podría tener consecuencias significativas en la demanda civil interpuesta en su contra.

Recordemos los hechos: un altercado en el tráfico de Miami terminó con Lyle propinando un puñetazo a Juan Ricardo Hernández, de 63 años, quien falleció días después a causa de un traumatismo craneoencefálico. Este lamentable suceso desencadenó no solo un proceso penal por homicidio involuntario, que resultó en la actual condena del actor, sino también una demanda civil por parte de la familia de la víctima.

La familia Hernández, especialmente el hijo del fallecido, buscaba una compensación millonaria, entre uno y cinco millones de dólares, para cubrir los gastos funerarios, la pérdida de ingresos de la viuda y la atención psicológica necesaria tras la tragedia. Una cifra que, convertida a pesos mexicanos, supera los 90 millones.

Sin embargo, el proceso civil se encuentra ahora en un punto muerto. La falta de representación legal, tanto por parte de Lyle como de la familia Hernández, ha estancado el proceso. Según fuentes cercanas al caso, como los presentadores del programa "El Gordo y la Flaca", esta situación podría resultar beneficiosa para el actor. Si la familia de la víctima no consigue un nuevo abogado y reactiva la demanda en un plazo de 20 días, el caso podría ser desestimado por las autoridades estadounidenses.

Este plazo se convierte en una cuenta regresiva crucial para ambas partes. Para la familia Hernández, representa la última oportunidad de obtener una compensación por la pérdida de su ser querido. Para Lyle, la posibilidad de librarse de una millonaria indemnización, un respiro económico en medio de la difícil situación que atraviesa.

Es importante destacar que la demanda civil es independiente de la condena penal que Lyle ya cumple. Aunque la desestimación de la demanda no lo eximiría de su condena de prisión, sí eliminaría la carga económica de la indemnización. Un factor que, sin duda, influiría en el futuro del actor una vez cumplida su sentencia.

La audiencia programada para el 31 de julio de 2025, relacionada con la demanda civil, ha sido pospuesta debido a la falta de representación legal de Lyle. Este aplazamiento añade aún más incertidumbre al caso, prolongando la espera y la angustia para ambas familias involucradas.

La situación de Pablo Lyle nos recuerda la complejidad del sistema legal y cómo un giro inesperado puede cambiar el curso de un proceso. Mientras el reloj sigue corriendo, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué pasará con la demanda civil? ¿Logrará la familia Hernández reactivarla a tiempo? ¿O se librará Pablo Lyle de la millonaria indemnización? Solo el tiempo lo dirá.