La tragedia que envolvió la muerte de Sagid Carreón Calderón en el jacuzzi de un hotel de lujo en Ixtapa ha dado un giro aún más oscuro. Su viuda, Stephania López, no solo enfrenta el dolor insoportable de la pérdida, sino que ahora se ve obligada a lidiar con la sombra amenazante de intimidaciones anónimas, mientras lucha por obtener justicia para su esposo y su hija. Este caso, que inicialmente parecía un terrible accidente, se ha convertido en una compleja red de acusaciones de negligencia, obstrucción de la justicia y posible corrupción.

Stephania, con una valentía admirable frente a la adversidad, ha alzado la voz para denunciar las irregularidades que rodean la investigación. Sus palabras, cargadas de dolor y indignación, pintan un cuadro desolador de un hotel que, en lugar de ofrecer consuelo y apoyo, se ha dedicado a encubrir las posibles causas de la electrocución. La falta de personal médico capacitado, la ausencia de un desfibrilador, un equipo básico en cualquier establecimiento de este tipo, y las aparentes manipulaciones en la escena del accidente, levantan serias dudas sobre la responsabilidad del Pacifica Resort Ixtapa.

Las declaraciones de Stephania sobre las alteraciones en el jacuzzi, con tornillos faltantes y signos evidentes de deterioro, son escalofriantes. Aún más inquietante es la denuncia sobre la manipulación del cuarto de máquinas, con cableado y pastillas nuevas que parecen haber sido colocadas después del incidente, ¿Con qué propósito? ¿Acaso para borrar las huellas de una negligencia que podría haber costado la vida de Sagid?

La inacción de la Fiscalía General del Estado de Guerrero añade otra capa de complejidad a este caso. La lentitud en las diligencias, la falta de peritos especializados y la aparente indiferencia ante las denuncias de la viuda, generan una profunda desconfianza en el sistema. La necesidad de contratar peritos independientes, a costa de la familia, subraya la gravedad de la situación y la falta de recursos disponibles para las víctimas en busca de justicia.

Pero el horror no termina ahí. Las amenazas que Stephania ha recibido, dirigidas incluso a su hija y al número de teléfono de su difunto esposo, son un acto vil y cobarde que busca silenciarla. La presión para que cambie de abogados, imponiéndole los que “ellos” quieren, deja entrever la posible influencia de poderosos intereses que buscan proteger al hotel y evitar que la verdad salga a la luz. ¿Quiénes son “ellos”? ¿Qué tipo de poder ejercen para intentar manipular el curso de la justicia? Estas son preguntas que exigen respuestas inmediatas.

El abogado de la familia, Omar González, ha señalado la intrincada estructura empresarial del Pacifica Resort, que opera bajo tres razones sociales, ninguna de las cuales ha asumido la responsabilidad por la muerte de Sagid. Esta estrategia legal, que parece diseñada para diluir la culpabilidad, es una muestra más de la falta de ética y empatía por parte de quienes dirigen el establecimiento.

La lucha de Stephania no es solo por una indemnización económica, sino por una justicia real y completa. Es una lucha por la verdad, por la memoria de su esposo y por la seguridad de todos aquellos que confían en la integridad de los hoteles y resorts que visitan. Es un llamado a las autoridades municipales y estatales para que actúen con transparencia e imparcialidad, dejando de lado cualquier posible “compadrazgo” y clausurando el hotel hasta que se esclarezcan los hechos. La sociedad debe unirse a esta demanda de justicia, para que la muerte de Sagid no quede impune y para que ninguna otra familia tenga que pasar por este calvario.