La sombra de la reforma electoral se cierne nuevamente sobre México. A pocos años de un intento fallido, la administración de Claudia Sheinbaum retoma la iniciativa con la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Si bien el discurso oficial habla de "diagnóstico profundo" y "reforma integral", la composición de la comisión, con figuras cercanas al círculo presidencial como Pablo Gómez Álvarez, Rosa Icela Rodríguez y el ex ministro Zaldívar, despierta inquietudes y suspicacias. ¿Se trata de una genuina búsqueda de mejoras al sistema democrático o de una estrategia para consolidar el poder?

La promesa de mantener la autonomía del INE contrasta con la intención de revisar puntos neurálgicos como la representación proporcional (los plurinominales), el financiamiento a partidos y el costo del aparato electoral. Si bien es legítimo cuestionar el presupuesto del INE, que en 2024 ascendió a más de 33 mil millones de pesos, la discusión no debe centrarse únicamente en la austeridad, sino en la eficacia y la transparencia. Recortar recursos sin un análisis profundo podría debilitar al organismo encargado de garantizar la imparcialidad y la equidad en los procesos electorales.

La propuesta de reducir el número de consejeros electorales y someter su elección al voto popular genera controversia. ¿Asegura este mecanismo una mayor democratización o, por el contrario, abre la puerta a la politización del INE? La experiencia internacional muestra ejemplos diversos, con aciertos y desaciertos. Es crucial evaluar a fondo las implicaciones de este cambio antes de implementarlo.

La disminución de legisladores, tanto federales como locales, y la reducción del personal del INE son otros puntos que requieren un análisis cuidadoso. ¿Se trata de medidas de eficiencia o de un intento por concentrar el poder? La democracia requiere contrapesos y la pluralidad de voces en el legislativo es fundamental para representar los intereses de todos los ciudadanos.

El financiamiento a partidos políticos es un tema delicado. Si bien los más de 10 mil millones de pesos asignados en 2024 pueden parecer excesivos, es necesario garantizar que todos los partidos tengan los recursos suficientes para competir en igualdad de condiciones. Una reducción drástica del financiamiento podría beneficiar a los partidos con mayor acceso a otros tipos de recursos, perjudicando la competencia democrática.

El precedente de 2022, cuando la Suprema Corte invalidó una reforma electoral promovida por López Obrador, demuestra la importancia del respeto al proceso legislativo y a la división de poderes. La reforma actual debe construirse con base en un amplio diálogo y consenso, escuchando las voces de todos los actores involucrados: expertos, académicos, organizaciones de la sociedad civil y, sobre todo, ciudadanía. La democracia no se decreta, se construye.

La comisión tiene hasta 2030 para presentar sus propuestas, pero el tiempo no debe ser pretexto para la improvisación. El futuro de la democracia mexicana está en juego y la responsabilidad de la comisión es enorme. ¿Estará a la altura del desafío? El verdadero debate no es sobre el costo del sistema electoral, sino sobre su calidad y su capacidad para garantizar una democracia sólida, participativa y representativa.