El incesante tic-tac del reloj marca ya 17 semanas, 17 semanas en las que el bolsillo del automovilista mexicano siente el peso completo del IEPS en cada litro de gasolina. Magna, Premium y Diésel, las tres principales protagonistas de nuestras carreteras, siguen sin recibir el ansiado estímulo fiscal, una medida que, según la SHCP, se extenderá hasta el lejano agosto de 2025. Este panorama, plasmado en el Diario Oficial de la Federación, nos obliga a preguntarnos, ¿hasta qué punto este escenario impacta la economía familiar?

La respuesta, desafortunadamente, no es sencilla. Mientras el precio de la Premium experimenta un ligero aumento de un centavo, Magna, Diésel y gas natural vehicular se mantienen en una aparente calma, una calma que esconde la volatilidad de un mercado energético en constante cambio. PETROIntelligence, el ojo vigilante del sector, nos ofrece un panorama nacional, pero la realidad, como sabemos, se dibuja en cada gasolinera, en cada región. La Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León… cada estado escribe su propia historia en la pizarra de precios, una historia que se traduce en kilómetros recorridos, en pesos gastados, en presupuestos ajustados.

Y es que la variabilidad regional del precio del combustible es un factor clave en esta ecuación. No es lo mismo llenar el tanque en la capital que hacerlo en un estado con menor demanda o diferente infraestructura. Esta diferencia, por mínima que parezca, se acumula semana tras semana, convirtiéndose en un peso significativo para la economía familiar. ¿Cómo planificar un viaje en coche? ¿Cómo controlar el gasto en transporte? Las preguntas se multiplican, y las respuestas, a menudo, se diluyen en la incertidumbre.

Mientras tanto, la Profeco, a través de su Subprocuraduría de Verificación, se mantiene vigilante. Su programa permanente de inspección en gasolineras de todo el país busca garantizar la transparencia y la correcta aplicación de las normas. Sin embargo, más allá de la verificación, la realidad es que el costo de la gasolina, sin el estímulo fiscal, sigue impactando directamente en el bolsillo de los mexicanos.

Desde la compra semanal en el supermercado hasta el traslado diario al trabajo, el precio del combustible se convierte en una variable a considerar en cada decisión. Familias que deben ajustar sus presupuestos, pequeñas empresas que ven mermados sus márgenes de ganancia, transportistas que luchan por mantener sus tarifas… El impacto se ramifica, tocando cada rincón de la economía nacional.

¿Qué alternativas tenemos? ¿Es momento de considerar vehículos más eficientes? ¿El transporte público se convierte en una opción viable? La conversación, sin duda, debe ir más allá de la simple constatación del precio. Necesitamos un diálogo nacional que nos permita encontrar soluciones a largo plazo, un diálogo que involucre a gobierno, empresas y ciudadanos, en la búsqueda de un modelo energético más justo y sostenible. El futuro de nuestra movilidad, y de nuestra economía, depende de ello.