La sombra de la extorsión se cierne sobre México, un fantasma que acecha en cada rincón del país, desde las bulliciosas calles de las grandes urbes hasta los tranquilos pueblos. Este delito, que antes se percibía como un ataque al patrimonio, ha mutado en una bestia voraz que devora la libertad y la seguridad de miles de mexicanos. La imagen desgarradora de la maestra jubilada Irma Hernández, acorralada por la amenaza de los extorsionadores, se ha convertido en un símbolo de la vulnerabilidad que muchos comparten. No es un caso aislado, es la punta del iceberg de un problema que exige una respuesta contundente.

Ante esta alarmante realidad, la iniciativa presidencial para combatir la extorsión surge como un rayo de esperanza. La propuesta, que ha recibido un apoyo unánime en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, busca tejer una red de protección legal más sólida y eficaz. La creación de una Ley General que unifique la tipificación, las sanciones y los mecanismos de investigación de la extorsión en los tres niveles de gobierno se presenta como la piedra angular de esta estrategia. Homogeneizar las leyes y perseguir el delito de oficio, sin necesidad de denuncia por parte de la víctima, son medidas cruciales para romper el ciclo de impunidad que alimenta a la extorsión.

El diputado Rubén Moreira, coordinador parlamentario del PRI, ha reconocido la magnitud del problema y la urgencia de una respuesta integral. Su propuesta de abrir un espacio de diálogo para la conformación de la Ley General, incorporando las voces de los gobiernos estatales, fiscales, expertos legales y la sociedad civil, es fundamental para construir un marco jurídico robusto y efectivo. Esta colaboración interinstitucional se presenta como la clave para abordar la complejidad del fenómeno y desmantelar las redes de extorsión que operan en el país.

La tecnología también juega un papel crucial en esta batalla. El gobierno federal ha destacado la importancia de utilizar herramientas tecnológicas y sistemas de inteligencia informática para la investigación, persecución y sanción de este delito. En un mundo cada vez más digitalizado, donde la delincuencia se adapta y evoluciona constantemente, la innovación tecnológica se convierte en un aliado indispensable para las fuerzas del orden.

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) pintan un panorama desolador. El incremento constante en el número de víctimas de extorsión, con más de 10 mil casos registrados anualmente entre 2022 y 2024, es una llamada de atención que no podemos ignorar. El dato de 29 reportes diarios en enero de 2025, en comparación con los 18 de 2018, evidencia la escalada de este flagelo. La concentración del 61% de las víctimas en los estados de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León, con el Estado de México a la cabeza con un alarmante 33.1%, nos obliga a enfocar los esfuerzos en estas zonas críticas.

La lucha contra la extorsión es una tarea titánica que requiere la participación de todos. Desde las instituciones gubernamentales hasta la sociedad civil, debemos unir fuerzas para construir un frente común contra este delito. La aprobación de la iniciativa presidencial es un paso importante, pero es solo el comienzo de un largo camino. La implementación efectiva de la Ley General, la capacitación de las fuerzas del orden, la inversión en tecnología y la concientización ciudadana son piezas clave para lograr un cambio real y duradero. Solo así podremos devolver la tranquilidad y la seguridad a las calles de México y evitar que más personas vivan con el temor constante de ser víctimas de la extorsión.