La sombra de la corrupción se cierne nuevamente sobre el estado de Hidalgo, dejando al descubierto un entramado de desvíos millonarios que salpica a exfuncionarios públicos. En esta ocasión, el epicentro del escándalo se sitúa en Tepeji del Río, donde el exalcalde Salvador “N” ha sido vinculado a proceso por el delito de peculado agravado y uso indebido de facultades y atribuciones. La cifra que resuena en los pasillos de la justicia es contundente: más de 40 millones de pesos, sustraídos de las arcas públicas en lo que se conoce como “la estafa siniestra”. Un golpe bajo a la confianza ciudadana que exige respuestas y justicia.

El juez de control penal de Pachuca, tras analizar las pruebas presentadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), ha determinado que existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal contra el exedil emanado del PRD. La medida cautelar dictada: prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca. Tres meses tras las rejas mientras se desarrolla la investigación complementaria, tiempo en el que se buscará desentrañar la compleja red de complicidades que permitió este desfalco.

La PGJEH ha revelado detalles cruciales sobre el modus operandi del exalcalde. Contratos ilegales, celebrados a espaldas del Cabildo, por un monto que asciende a los 40 millones 168 mil pesos. Recursos que, según las investigaciones, fueron solicitados a la Secretaría de Finanzas estatal durante la administración de Omar Fayad Meneses, bajo el pretexto de financiar proyectos de obras públicas que jamás vieron la luz. Un engaño que ha dejado a la comunidad de Tepeji del Río sin las mejoras prometidas y con un profundo sentimiento de indignación.

Este caso, sin embargo, no se trata de un hecho aislado. Se inserta en un maxiproceso que el gobierno estatal ha emprendido contra una red de corrupción que involucra a al menos 13 exalcaldes. Un entramado de desvíos millonarios que ha sacudido los cimientos políticos de la entidad y que pone en evidencia la fragilidad de los mecanismos de control y transparencia.

La aprehensión de Salvador “N”, ocurrida el pasado 31 de julio en el municipio de Tepeji, marca un hito en la lucha contra la impunidad. Tras su traslado al Cereso de Pachuca, el ex munícipe se acogió a la duplicidad del término, una estrategia legal que le otorgó 144 horas para preparar su defensa. Sin embargo, las pruebas en su contra parecen ser contundentes. Se habla de una solicitud de cerca de 100 millones de pesos al gobierno estatal, de los cuales 58 millones fueron devueltos, presuntamente desviados para proyectos inexistentes. Un intento de enmendar el error que no ha logrado librarlo de la justicia.

Con la detención y procesamiento de Salvador “N”, asciende a 12 el número de exalcaldes implicados en este esquema de corrupción. Un número que pone de manifiesto la magnitud del problema y la necesidad de fortalecer las instituciones para prevenir y sancionar este tipo de delitos. La ciudadanía exige justicia y transparencia, y espera que este maxiproceso llegue hasta las últimas consecuencias, sin importar el color político o las influencias de los implicados. La lucha contra la corrupción es una tarea de todos y cada uno de los ciudadanos, y solo a través de la unidad y la exigencia constante se podrá construir un futuro más justo y equitativo.