La sombra de la violencia sexual se cierne sobre la infancia y adolescencia en México, dejando una estela de dolor y vulnerabilidad que exige una respuesta inmediata y contundente. Doce de cada cien mujeres mexicanas reportan haber sufrido algún tipo de violencia sexual antes de cumplir los 15 años, una cifra escalofriante que se traduce en millones de vidas marcadas por el abuso. Imaginemos por un instante el peso de esa experiencia: niñas obligadas a presenciar actos sexuales, acosadas, tocadas sin su consentimiento, víctimas de intentos de violación o violaciones consumadas bajo amenazas y coerción. No son simples estadísticas, son historias de vidas truncadas, de infancias robadas y futuros hipotecados.

La maternidad forzada en la adolescencia es una de las consecuencias más devastadoras de esta violencia. Aunque la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) muestra una disminución en los últimos años, México continúa por encima del promedio regional de Latinoamérica y el Caribe, e incluso de los países miembros de la OCDE. La situación es particularmente alarmante en el grupo de niñas de entre 10 y 14 años, donde la tasa de fecundidad ha experimentado un preocupante aumento en la mayoría de las entidades federativas. El dato del INEGI de 2023, que registra 6,798 nacimientos de madres en este rango de edad, es una señal de alarma que no podemos ignorar. Detrás de cada uno de estos nacimientos, se esconde un alto riesgo de violencia sexual, una realidad que nos interpela como sociedad.

La vulnerabilidad de estas niñas y adolescentes es evidente, así como la falta de una protección integral que las resguarde de estos abusos. No podemos permitir que sigan siendo víctimas de un sistema que no las protege, de un entorno que las expone y de una cultura que silencia sus voces. Organizaciones como Alumbra, Guardianes y la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. han alzado la voz para exigir acciones concretas y responsables. Su llamado es un clamor por la justicia, por la reparación del daño y por la construcción de un futuro donde las niñas y adolescentes puedan vivir libres de violencia.

La responsabilidad es compartida. Desde la Presidencia de la República hasta los gobiernos estatales y municipales, pasando por las fiscalías, el poder legislativo, las familias y la sociedad civil en su conjunto, todos tenemos un papel que jugar en la erradicación de este flagelo. Se necesitan políticas públicas efectivas, programas de prevención y atención integral, y un cambio cultural profundo que promueva el respeto a los derechos de la infancia y la adolescencia. Es imperativo que se escuche el llamado de estas organizaciones y se actúe con la urgencia que la situación amerita. No se trata solo de números, se trata de vidas en riesgo, de futuros truncados y de una crisis social que nos exige una respuesta contundente. La voluntad política, la coordinación interinstitucional y la responsabilidad colectiva son las claves para construir un México donde las niñas y adolescentes puedan crecer libres de violencia y desarrollar plenamente su potencial. El tiempo de actuar es ahora.