La sombra de la incertidumbre se cierne sobre los tres mil trabajadores de confianza de Pemex que, desde el pasado 6 de junio, enfrentan la pérdida de su empleo. Si bien la cifra podría parecer una respuesta a los problemas financieros de la paraestatal, su impacto real es meramente cosmético, una gota en el océano de la inmensa deuda que la petrolera arrastra. Peor aún, la ejecución de este recorte de personal, lejos de ser una solución limpia, se está convirtiendo en un nuevo foco de conflicto.

Quinientos de los afectados denuncian una flagrante violación a sus derechos. A pesar de cumplir con los requisitos para jubilarse, se les niega esta opción, ofreciéndoles únicamente una liquidación. Ante esta injusticia, han decidido alzar la voz y emprender acciones legales, amparados en un precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 2024, la Segunda Sala falló a favor de un trabajador despedido en circunstancias similares, determinando que el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Pemex viola el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, abriendo así la puerta a la jubilación reducida para quienes cumplen con la edad y los 15 años de servicio requeridos.

Este escenario plantea una pregunta crucial: ¿Realmente Pemex necesita pasar por estos procesos? La respuesta, lamentablemente, parece ser negativa. La nómina total de Pemex al inicio del año ascendía a 129,198 trabajadores, de los cuales 22,000 eran de confianza. El ahorro proyectado por los tres mil despidos, entre 2025 y 2026, apenas alcanzaría los cuatro mil 798 millones de pesos. Una cifra insignificante si se compara con la magnitud de los problemas financieros que enfrenta la empresa. Si bien es cierto que Pemex presenta un exceso de personal en comparación con otras petroleras a nivel mundial, la verdadera batalla financiera se libra en otros frentes.

El recién publicado Reporte Anual de Sostenibilidad de Pemex, correspondiente a 2024, revela la preocupante realidad: 32 mil 172 millones de pesos comprometidos en demandas legales e incumplimientos. De esta cifra, 13 mil 712 millones corresponden a procesos contenciosos en diversas materias, incluyendo la laboral, administrativa, agraria, ambiental, arbitrajes, civiles, fiscales, mercantiles, juicios de amparo y penales. Además, Pemex enfrenta 174 juicios por incumplimientos contractuales, que ascienden a 18 mil 460 millones de pesos. Aunque la empresa asegura estar buscando acuerdos extrajudiciales con los acreedores, la imagen que proyecta es la de una institución que, tras años de ahogar a sus proveedores con impagos, ahora busca negociar descuentos. Una práctica legalmente válida, pero moralmente cuestionable.

Sin embargo, estas cifras palidecen ante la colosal deuda financiera de Pemex, que alcanza los 97.6 mil millones de dólares, según el informe presentado recientemente. A esto se suma la deuda con proveedores y contratistas, que supera los 20 mil millones de pesos. En total, hablamos de una deuda que ronda los 2.2 billones de pesos, una cifra que eclipsa cualquier ahorro derivado del despido de tres mil trabajadores.

La reciente mejora en la calificación de Pemex por parte de Fitch, de B+ a BB con perspectiva estable, no refleja una mejora en el desempeño de la petrolera, sino el apoyo gubernamental para cubrir sus amortizaciones de deuda más urgentes. La promesa de la presidenta Claudia Sheinbaum de que Pemex será autosuficiente para 2027, tanto en deuda como en inversión, genera expectativas que requieren un seguimiento minucioso del plan de trabajo presentado por los funcionarios responsables. El futuro de Pemex sigue siendo incierto, y la necesidad de una estrategia integral y transparente para sanear sus finanzas es más urgente que nunca.