La situación en Venezuela se asemeja a una obra teatral con un guion preestablecido. Elecciones tras elecciones, el mismo escenario se repite: candidatos oficialistas y algunos de oposición, campañas desangeladas que parecen dirigirse al vacío y resultados que sorprenden a nadie. La reciente jornada electoral del 27 de julio no fue la excepción. Con la “victoria” del oficialismo en 285 de las 335 alcaldías en disputa, y una abrumadora (aunque cuestionable) mayoría del 85% de los votos, se refuerza la imagen de un sistema electoral que ha perdido su esencia democrática. A esto se suma la ausencia casi total de la oposición y una participación ciudadana que se reduce elección tras elección, síntomas de una profunda desconfianza en el sistema.

Este abstencionismo opositor es la consecuencia directa del desencanto generado por las elecciones regionales de mayo, donde el gobierno de Maduro se alzó con la victoria en 23 de los 24 estados. La estrategia de abstención promovida por María Corina Machado en aquella ocasión, si bien respondía a la falta de garantías democráticas, terminó debilitando aún más a la oposición y profundizando la apatía electoral. Es una paradoja cruel: la abstención como protesta termina reforzando el poder que se pretende combatir. Y es que el recuerdo de la victoria electoral de Edmundo González, desconocida y arrebatada por la fuerza del Estado, sigue latente. El exilio de González se convierte en un símbolo de la vulnerabilidad de la democracia venezolana y en un recordatorio constante de las consecuencias de desafiar al poder establecido.

¿Cómo se llegó a este punto? La historia de Venezuela es una crónica del desmantelamiento sistemático de sus instituciones, alimentado por un profundo hartazgo social. Hugo Chávez, con su discurso anti-establishment, capitalizó ese descontento y tejió alianzas dentro de las Fuerzas Armadas, sentando las bases para su ascenso al poder. Una vez instalado en Miraflores, Chávez inició un proceso de militarización del Estado, otorgando cada vez más poder y responsabilidades al ejército, desde la seguridad y la economía hasta la gestión de programas sociales.

Este proceso se consolidó con Maduro, quien no solo mantuvo, sino que intensificó la politización de las Fuerzas Armadas, convirtiéndolas en un pilar fundamental de su régimen. Paralelamente, se implementó una estrategia de control social basada en la distribución de dádivas, la persecución de la oposición, la cooptación del Consejo Nacional Electoral y la imposición de una ideología en el sistema educativo. Esta red clientelar, si bien se encuentra en declive, ha sido clave para mantener el control social durante años. El resultado es un Estado debilitado, con instituciones sometidas al poder ejecutivo y una democracia erosionada.

La tragedia venezolana no es un evento aislado, sino un proceso gradual de desmantelamiento institucional. No se trata de magia negra, sino de decisiones políticas que, poco a poco, han socavado los cimientos de la democracia. Los venezolanos, conscientes de esta realidad, han emprendido un éxodo masivo, convirtiéndose en la mayor diáspora de Latinoamérica en los últimos años. Maduro, a su vez, observa cómo su base de apoyo se desmorona y la presión internacional aumenta, lo que previsiblemente lo llevará a apretar aún más las tuercas del poder. La situación en Venezuela es un espejo en el que otras naciones deberían mirarse, un recordatorio de la fragilidad de la democracia y de la importancia de defender las instituciones.