El reciente amparo otorgado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a Lorenzo Córdova, ex consejero presidente del INE, ha desatado una intensa controversia en torno a los límites de la libertad de expresión y el derecho al honor. La decisión judicial, que ordena la suspensión de la distribución del libro de texto gratuito de sexto grado de primaria y la edición de su versión digital, reabre el debate sobre la delicada intersección entre la narrativa histórica, la interpretación de los hechos y la protección de la reputación individual.

El fallo, sustentado en el proyecto del ministro Javier Laynez, considera que la mención a Córdova en el libro de texto "transgrede la dimensión objetiva del derecho al honor", al presentar una versión sesgada de un evento ocurrido en 2015. La cita en cuestión, que describe a Córdova "mofándose" de representantes de pueblos originarios, es considerada por la SCJN como una representación incompleta y distorsionada, capaz de "modificar la opinión, idea o concepto que la gente tiene" sobre el ex funcionario.

La decisión no ha estado exenta de polémica. El voto decisivo del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, designado tras un empate inicial en la Sala, ha sido cuestionado por algunos sectores que perciben en la resolución una injustificada censura a la educación pública. Las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres, quienes votaron en contra del proyecto, argumentaron que la mención en el libro de texto no constituía una difamación, sino un ejercicio legítimo de la libertad de expresión en el contexto de la narración histórica.

Este caso trasciende la anécdota particular y nos invita a reflexionar sobre la compleja responsabilidad de construir una narrativa histórica rigurosa y equilibrada. ¿Cómo garantizar la precisión y la imparcialidad en la presentación de los hechos del pasado? ¿Dónde se dibuja la línea que separa la interpretación legítima de la difamación injuriosa? El debate está abierto y requiere una reflexión profunda por parte de académicos, historiadores, juristas y la sociedad en su conjunto.

Más allá de la polémica inmediata, el caso Córdova nos interroga sobre el papel de los libros de texto en la formación de las nuevas generaciones. ¿Deben estos materiales presentar una visión única e indiscutible de la historia, o deben, por el contrario, fomentar el pensamiento crítico y la capacidad de analizar diferentes perspectivas? La educación, en su esencia, debe ser un espacio de diálogo y de construcción colectiva del conocimiento, donde se estimule la curiosidad y se promueva la búsqueda de la verdad.

La resolución de la SCJN sin duda sentará un precedente importante en materia de derecho al honor y libertad de expresión, y sus implicaciones se extenderán más allá del ámbito educativo. El debate continúa y es fundamental que la sociedad en su conjunto participe en la búsqueda de un equilibrio que proteja tanto la reputación individual como el derecho a la información y la libertad de pensamiento.