La sombra de la centralización se cierne sobre el futuro de la democracia mexicana. Las palabras de Patricia Avendaño Durán, presidenta del IECM, resuenan como una alerta ante la posible reforma electoral. No se trata simplemente de una reestructuración administrativa, sino de un potencial retroceso en la autonomía que con tanto esfuerzo se ha construido. Imaginen, por un instante, volver a un pasado donde el gobierno federal controlaba los hilos de los procesos electorales. Un pasado donde la imparcialidad era una quimera y la voz ciudadana se perdía en el laberinto del poder. ¿Realmente queremos arriesgarnos a revivir esos tiempos oscuros?

Avendaño Durán ha puesto el dedo en la llaga al señalar los riesgos técnico-operativos de un modelo centralizado. La idea de que la concentración de funciones traerá mayor eficiencia es una falacia. La realidad es que cada entidad federativa posee sus propias particularidades, sus propias dinámicas. Un sistema electoral nacional debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a estas diferencias, no aplanarlas bajo el peso de una burocracia distante.

La experiencia del IECM es un testimonio valioso en este debate. Han demostrado, a lo largo de los años, la importancia de la descentralización para garantizar la transparencia y la participación ciudadana. Su conocimiento del terreno, su cercanía con las comunidades, son activos inapreciables que no podemos permitirnos perder. Desmantelar las autoridades electorales locales no es un acto de eficiencia, sino un acto de miopía política.

La sobrecarga de funciones que recaería sobre el INE sería descomunal. Imaginen la complejidad logística de gestionar elecciones federales y locales simultáneamente, con una infraestructura reducida y un personal desbordado. El resultado, lejos de ser un ahorro de recursos, sería un caos administrativo que pondría en riesgo la legitimidad de los procesos electorales. ¿Vale la pena sacrificar la estabilidad democrática en aras de una supuesta austeridad?

La premisa del ahorro es, en sí misma, cuestionable. Contratar más personal eventual, adquirir más materiales, ampliar la infraestructura de almacenamiento… Todos estos gastos, que se pretenden evitar con la centralización, terminarían replicándose a una escala mayor. El dinero, en lugar de ahorrarse, simplemente se desviaría hacia un sistema más complejo y menos eficiente. ¿No sería más sensato invertir en fortalecer las instituciones existentes, en lugar de desmantelarlas?

La reforma electoral debe ser un ejercicio de construcción, no de destrucción. Debemos aprender de las experiencias pasadas, identificar las áreas de mejora y fortalecer los mecanismos que garantizan la imparcialidad y la transparencia. La democracia mexicana es un tesoro que debemos proteger, no un experimento que podamos poner en riesgo con decisiones apresuradas e irresponsables. El futuro de nuestra democracia está en juego, y no podemos permitirnos equivocarnos.