Se cierne una sombra de incertidumbre sobre el futuro democrático de México. La anunciada reforma electoral, impulsada por la presidenta, ha desatado una ola de controversia y preocupación. La conformación de la comisión presidencial encargada de la reforma, lejos de inspirar confianza, levanta serias dudas sobre la imparcialidad del proceso. La ausencia de voces expertas y la notoria exclusión de los partidos políticos en la comisión, pintan un panorama sombrío donde el diálogo y el consenso parecen ser meros espectadores.

La reducción del financiamiento a los partidos políticos, el recorte presupuestal al Instituto Nacional Electoral (INE) y la eliminación de las diputaciones plurinominales, ejes centrales de la propuesta, se presentan como medidas que, bajo el disfraz de austeridad y eficiencia, podrían socavar los cimientos mismos de nuestra democracia. Debilitar a los partidos políticos y limitar la representación de las minorías, lejos de fortalecer el sistema, abre la puerta a un peligroso control gubernamental sobre los procesos electorales.

El llamado al diálogo por parte de ex titulares del IFE-INE y magistrados del TEPJF, clamando por un consenso amplio que garantice la autonomía de los órganos electorales y la equidad en la contienda, parece haber caído en oídos sordos. La promesa de una consulta popular, aunque aparentemente democrática, se desdibuja ante la falta de claridad sobre la inclusión de expertos y partidos políticos en el proceso. ¿A qué sector de la población se le consultará realmente? ¿Se escucharán las voces disidentes o se buscará simplemente legitimar una decisión preconcebida?

La experiencia de reformas electorales pasadas demuestra la importancia de la participación de la oposición en la construcción de un sistema sólido y representativo. Sin embargo, en esta ocasión, la exclusión parece ser la norma. Las advertencias del PAN sobre el riesgo para las elecciones libres y la estabilidad política del país, así como la postura de Movimiento Ciudadano, que aboga por una reforma emanada del poder legislativo y no del ejecutivo, son señales de alarma que no podemos ignorar.

La figura de quien preside la comisión, así como la de sus integrantes, añade otro elemento de preocupación al escenario. Sus posiciones radicales y su falta de apertura al diálogo y la búsqueda de consensos, generan desconfianza y alimentan la sospecha de una agenda preestablecida que busca imponerse a cualquier costo.

La declaración del diputado Ricardo Monreal, afirmando que buscarán el consenso, pero que de no lograrlo utilizarán su mayoría calificada, deja entrever la verdadera intención detrás de esta reforma: un ejercicio de poder que podría poner en jaque el sistema democrático del país. La eliminación de las diputaciones plurinominales, defendida por la presidenta y paradójicamente impulsada por quien se ha beneficiado de ellas, Pablo Gómez Álvarez, se presenta como un golpe directo a la representación de las minorías y un intento por homogeneizar el panorama político.

El camino que se vislumbra no parece ser el adecuado. La falta de diálogo, la exclusión de voces expertas y la imposición de una agenda preconcebida, nos alejan del ideal de una democracia sólida y representativa. La sombra de la incertidumbre se alarga, y con ella, la necesidad urgente de defender los principios fundamentales que garantizan un futuro democrático para México. El tiempo apremia, y la participación ciudadana se vuelve más crucial que nunca para evitar que la reforma electoral se convierta en un instrumento de control político en manos del poder.