La justicia, ese concepto que a menudo asociamos a tribunales y sentencias, se revela en toda su amplitud como un valor fundamental que debe permear cada rincón de nuestra sociedad. Más allá de las leyes y los códigos, la justicia se construye día a día, en la interacción cotidiana, y encuentra un terreno fértil en el corazón mismo de nuestras comunidades educativas. Es en las escuelas, esos microcosmos de la sociedad, donde se siembran las semillas de la convivencia pacífica y la resolución constructiva de conflictos.

La reciente firma del Convenio de colaboración entre el Poder Judicial y el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, para implementar la mediación escolar, representa un paso significativo en esta dirección. No se trata simplemente de dotar a 800 docentes con la certificación de Personas Facilitadoras Escolares, sino de impulsar un cambio de paradigma en la forma en que abordamos las diferencias y los desacuerdos. Se trata de empoderar a las nuevas generaciones con las herramientas necesarias para construir un futuro más armónico y justo.

Imaginemos un aula donde el diálogo se impone a la confrontación, donde los conflictos, en lugar de ser vistos como fracasos, se convierten en oportunidades de aprendizaje. Un espacio donde niñas, niños y adolescentes aprenden a identificar y gestionar sus emociones, a reconocer la legitimidad del otro, a encontrar soluciones creativas que beneficien a todos. Este es el potencial transformador de la mediación escolar.

La mediación no solo resuelve conflictos puntuales, sino que previene su escalada, transforma la dinámica de las relaciones y, sobre todo, educa para la paz. Se trata de una inversión a largo plazo, una apuesta por una sociedad más empática, más justa y menos reactiva. Al incorporar la mediación en el entorno escolar, estamos dotando a nuestros jóvenes con habilidades esenciales para la vida, habilidades que les permitirán navegar por las complejidades del mundo con mayor asertividad y resiliencia.

Este convenio no solo fortalece la convivencia dentro de las aulas, sino que también extiende su impacto hacia la comunidad en su conjunto. Los docentes certificados se convertirán en agentes de cambio, en promotores de una cultura de paz que trasciende los muros de la escuela. Su labor permeará en las familias, en los barrios, contribuyendo a la construcción de un tejido social más sólido y cohesionado.

La justicia abierta, en su vertiente de colaboración ciudadana, cobra vida a través de esta iniciativa. Al involucrar a la comunidad educativa en la resolución de conflictos, estamos fortaleciendo la democracia participativa y construyendo un sistema de justicia más accesible y cercano a la gente. La mediación escolar no es un programa aislado, sino una pieza clave en la construcción de un futuro donde la justicia sea un valor compartido y una realidad tangible para todos. Es una apuesta por el diálogo, por la empatía, por la construcción de una sociedad donde la paz no sea una utopía, sino el resultado del esfuerzo conjunto de todos.