La presión del gobierno de Trump sobre México se intensifica en la recta final de las negociaciones del T-MEC. Una lista de 30 exigencias, que abarcan desde la inversión en minería y energía hasta las telecomunicaciones y la biotecnología, se cierne como una espada de Damocles sobre la administración de Claudia Sheinbaum. De no cumplirse estas demandas en los 85 días restantes, México se enfrenta a una posible avalancha de sanciones comerciales y políticas. La USTR, bajo el mando de Jamieson Greer, ha puesto la mira en las restricciones a la inversión extranjera en sectores clave, instando a México a abrir sus puertas y fomentar la competencia. Este llamado a la liberalización económica implica un cambio de rumbo en las políticas recientes, que han favorecido a empresas estatales como Pemex y CFE.

El sector de las telecomunicaciones también se encuentra en el ojo del huracán. Se espera que México implemente reformas que podrían afectar directamente a gigantes como Telmex y América Móvil, del magnate Carlos Slim. La eliminación de reguladores independientes y la limitación de otros, como la Comisión Federal de Competencia Económica, han generado dudas sobre el cumplimiento de las obligaciones del T-MEC y la libre competencia en el mercado. Empresas estadounidenses como AT&T, presidida por John Stankey, y otros operadores móviles virtuales, observan con atención el desarrollo de la situación.

Además, la USTR y la Secretaría de Comercio, dirigida por Howard Lutnick, tienen bajo la lupa los servicios financieros, la agrobiotecnología y el sector farmacéutico. Estos sectores estratégicos podrían ser objeto de futuras disputas comerciales si México no se alinea con las exigencias de Estados Unidos.

En el ámbito nacional, el caso de Grupo México y Germán Larrea se mantiene en el centro de la atención. A once años del desastre ambiental en los ríos Bacanuchi y Sonora, la remediación del daño sigue siendo un tema pendiente. La Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, tiene abiertas varias carpetas de investigación. La posibilidad de un "golpe" por parte del gobierno en este caso mantiene en vilo al sector minero.

Mientras tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se prepara para el cierre de su periodo de sesiones. La última sesión del pleno, presidido por Norma Piña, marca el fin de una era y el inicio de una nueva etapa con la llegada de una nueva Corte el 1 de septiembre. La división entre los grupos "radicales" y "moderados", encabezados por Lenia Batres y Yasmín Esquivel respectivamente, prefigura un escenario de tensiones y disputas internas. La figura de Hugo Aguilar, el nuevo presidente de la Corte, se presenta como un elemento de equilibrio, aunque su cercanía al expresidente López Obrador genera interrogantes.

En el ámbito laboral, el Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), liderado por Alejandro Martínez Araiza, se encuentra en medio de una controversia por un supuesto fraude. Se acusa a Martínez Araiza de obligar a los trabajadores a firmar hojas en blanco y de engañar al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. La actuación de "El Principito", como se le conoce al dirigente sindical, es objeto de escrutinio por parte de las autoridades laborales.

Finalmente, en el Estado de México, la tensión crece tras los incidentes vandálicos protagonizados por el alcalde de Teoloyucan, Luis Domingo Zenteno. La clausura de un Centro de Distribución (CEDIS) desató la furia del alcalde, quien incitó a la agresión contra las autoridades. Este episodio pone de manifiesto la fragilidad del orden institucional y la necesidad de una intervención por parte del gobierno estatal para garantizar la paz social. Las acciones de Zenteno contradicen el discurso de la gobernadora Delfina Gómez y de la presidenta Claudia Sheinbaum, quienes han hecho de la conciliación y el diálogo una de sus banderas políticas. El futuro del CEDIS y la estabilidad política de Teoloyucan se mantienen en la incertidumbre.