La expulsión de Manuel Martínez, estudiante de la Licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), tras la agresión física a un docente, ha desatado una ola de controversia que pone en jaque la gestión de las autoridades universitarias y destapa una preocupante normalización de la violencia dentro de la institución. Si bien la contundencia de la medida disciplinaria, avalada por el Consejo Académico de la UPT y confirmada por el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Daniel Fragoso Torres, busca sentar un precedente en la lucha contra la violencia en el ámbito educativo, la aparente inacción previa ante las denuncias de los estudiantes contra el profesor agredido siembra dudas sobre la verdadera efectividad de los protocolos de actuación.

La versión oficial apunta a "faltas graves al reglamento de la institución" como justificación de la expulsión definitiva de Martínez. Sin embargo, las declaraciones de Fragoso Torres, al reconocer "omisiones por parte de las autoridades universitarias" en la atención a las denuncias verbales previas de los alumnos contra el docente, abren un nuevo capítulo en esta historia. La admisión de estas fallas no solo cuestiona la capacidad de respuesta de la UPT ante situaciones de conflicto, sino que también alimenta la indignación del alumnado, que denuncia una preocupante desproporción en las medidas aplicadas al estudiante y al profesor.

Mientras Martínez enfrenta la drástica consecuencia de sus actos, el docente, aunque suspendido, aún espera el veredicto del Comité de Ética y Prevención de Conflictos. Esta disparidad en la celeridad de los procesos disciplinarios refuerza la percepción de los estudiantes de una protección institucional hacia el profesor, una sospecha alimentada, según sus testimonios, por las propias afirmaciones del docente. La sombra de la impunidad se cierne sobre la UPT, amenazando con minar la confianza de la comunidad estudiantil en las instancias encargadas de velar por su seguridad y bienestar.

La investigación anunciada por Fragoso Torres, que abarca las denuncias contra docentes en los últimos años, se presenta como un intento de reparar el daño y erradicar la violencia en la institución. Sin embargo, la magnitud del problema, evidenciado por la "normalización" de estos episodios, exige una profunda revisión de los mecanismos de prevención, atención y sanción de la violencia en la UPT. No se trata solo de castigar a los responsables, sino de crear un entorno educativo seguro y respetuoso, donde la voz de los estudiantes sea escuchada y sus denuncias atendidas con la seriedad y la prontitud que merecen.

El caso de la UPT se convierte así en un llamado de atención para todo el sistema educativo. La violencia en las aulas no es un problema aislado, sino un reflejo de las tensiones y desigualdades que atraviesan nuestra sociedad. Abordarlo requiere un compromiso integral que involucre a todos los actores: estudiantes, docentes, autoridades educativas y la sociedad en su conjunto. Solo a través de un diálogo constructivo y una acción decidida podremos construir una educación libre de violencia, donde el respeto y la convivencia armónica sean los pilares fundamentales. El futuro de nuestros jóvenes depende de ello.