La reciente publicación de la ENIGH por parte del INEGI ha generado un intenso debate en torno al verdadero estado de la economía mexicana. Si bien las cifras iniciales parecen indicar un crecimiento del ingreso de los hogares del 15.6% durante el sexenio anterior, un análisis más profundo revela una realidad mucho más compleja y, francamente, preocupante. Celebrar este aumento como un triunfo contra la pobreza y la desigualdad sería, a la luz de otros indicadores, una lectura superficial, cuando no un autoengaño.

La primera señal de alerta la encontramos en el origen de este incremento en los ingresos. Gran parte de él proviene de las transferencias directas de los programas sociales, que alcanzan a casi un tercio de los hogares mexicanos. Si bien estos programas pueden brindar un alivio temporal, su financiamiento se basa en un endeudamiento público creciente. Al finalizar el sexenio anterior, la deuda pública como porcentaje del PIB rozaba el 60%, un aumento considerable que hipoteca el futuro del país. Sin una reforma fiscal profunda que amplíe la base tributaria y racionalice el gasto público, la sostenibilidad de estos programas a largo plazo es, cuanto menos, cuestionable. Se trata de una solución parche que no ataca el problema de raíz: la falta de generación de riqueza genuina.

Precisamente, este es el segundo punto crítico. El crecimiento acumulado del PIB durante el mismo periodo fue de apenas un 5%, con un promedio anual inferior al 1%. Estas cifras, las más bajas desde la década de los ochenta, evidencian un estancamiento económico que contradice la narrativa de prosperidad. Un crecimiento tan anémico no genera la riqueza necesaria para sostener mejoras reales en el ingreso de las familias. El aumento observado, por lo tanto, se asemeja más a un espejismo que a un cambio estructural. Es un crecimiento artificial, inflado por el endeudamiento y sin un sustento productivo sólido.

La ENIGH también revela un dato alarmante sobre el gasto en salud. Los hogares más vulnerables destinan un mayor porcentaje de sus ingresos a este rubro, lo que sugiere un deterioro en el acceso a servicios de salud públicos. El desmantelamiento de programas como el Seguro Popular, sin una alternativa eficaz que lo reemplace, ha dejado a muchas familias a la deriva, obligadas a asumir costos que antes no tenían. Este incremento en el gasto en salud no solo erosiona el poder adquisitivo de los más pobres, sino que también evidencia la fragilidad del sistema de salud actual.

En conclusión, la supuesta mejora en el ingreso de los hogares mexicanos durante el sexenio anterior se sostiene sobre bases muy débiles: endeudamiento público y un crecimiento económico raquítico. No se trata de una prosperidad real, sino de un alivio temporal financiado con deuda, una bomba de tiempo para las finanzas públicas. La verdadera solución, la única vía para una prosperidad sostenible, pasa por fomentar la inversión, la creación de empleos de calidad y un crecimiento económico robusto. Esto, acompañado de una política social focalizada y eficiente, que garantice el acceso a la salud y la educación para todos los mexicanos. Lamentablemente, la administración anterior se enfocó en paliativos en lugar de abordar las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad, dejando al país en una situación precaria y vulnerable.