La tragedia silenciosa que se cierne sobre miles de niñas, niños y adolescentes en México nos exige alzar la voz y actuar con urgencia. No se trata simplemente de un problema de delincuencia, sino de una profunda crisis humanitaria. Imaginen, por un instante, la vida de un niño o niña que, en lugar de jugar y aprender, se ve obligado a portar armas y a obedecer las órdenes de criminales despiadados. Su infancia robada, su futuro truncado, su esperanza de vida reducida a un parpadeo. Este no es el futuro que queremos para nuestros niños.

La desintegración familiar, la violencia intrafamiliar, la falta de acceso a una educación digna y la omnipresencia del crimen organizado en sus comunidades son factores que tejen una red letal alrededor de estos jóvenes vulnerables. Más de un millón y medio de niñas, niños y adolescentes están fuera del sistema educativo, lo que no solo les impide desarrollar su potencial, sino que los convierte en presa fácil para las garras del crimen. En estados como Guerrero, Michoacán, Morelos y Sonora, el Estado ha sido suplantado por grupos criminales que se erigen como “autoridades” y “benefactores”, ofreciendo una falsa promesa de protección y pertenencia a cambio de lealtad ciega.

Para muchos de estos jóvenes, unirse a las filas del crimen no es una elección, sino una vía de escape ante la pobreza extrema, el hambre, el abandono y el miedo. En un país donde más de un tercio de la población vive en la pobreza y donde la presencia criminal se extiende como una sombra amenazante sobre vastas regiones, cerca de 300,000 niñas, niños y adolescentes se encuentran en riesgo inminente de ser reclutados.

La falta de investigaciones exhaustivas sobre los métodos de reclutamiento por parte de las autoridades es alarmante. Casos como el posible vínculo entre el Rancho Izaguirre, en Jalisco, y supuestos centros de “entrenamiento” con ofertas de empleo fraudulentas en lugares estratégicos como las centrales camioneras de Tlaquepaque y Tonalá, deben ser investigados a fondo. Jóvenes contactados por internet o engañados con promesas de trabajo podrían estar desapareciendo en ranchos clandestinos, sumiéndose en un abismo de impunidad.

La alerta emitida por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU sobre la posible sistematización de estos delitos y la complicidad de las autoridades es una llamada de atención que no podemos ignorar. Es imperativo actualizar el tipo penal de reclutamiento forzado en la Ley General en Materia de Trata de Personas, estableciendo un protocolo único de investigación que permita perseguir y castigar a los responsables.

La prevención debe ser una prioridad en tres niveles: un nivel general, a través de la inclusión de contenidos educativos en las escuelas que alerten sobre los riesgos del crimen organizado; un nivel específico, con programas focalizados en las comunidades más vulnerables; y un nivel individual, ofreciendo protección y apoyo a las niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas del reclutamiento, incluyendo la posibilidad de reubicarlos para garantizar su seguridad.

La desarticulación de las instituciones encargadas de la protección de la infancia, la falta de liderazgo y la ausencia de políticas públicas efectivas agravan aún más esta tragedia. Mientras debatimos reformas y políticas, miles de niños y niñas se encuentran en una ruta que, en la mayoría de los casos, conduce a la muerte. No podemos permitir que esto siga sucediendo. Debemos actuar ahora, con decisión y con urgencia, para proteger a nuestros niños y niñas y garantizarles un futuro digno. El reclutamiento forzado no es la antesala del crimen: es la antesala de la muerte.