La danza de nombres y puestos en el sistema judicial estatal continúa, dejando una estela de ajustes y reclamos que ponen de manifiesto la complejidad del proceso de selección y asignación de jueces y magistrados. Recientemente, el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPC), en una decisión unánime que no ha estado exenta de controversia, ha realizado modificaciones en las asignaciones de tres figuras clave: una jueza especializada en Mercantil Tradicional, una jueza en materia Laboral y una magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial. Estos movimientos, lejos de apaciguar las aguas, han generado nuevas olas de incertidumbre y debate.

En el ámbito Mercantil Tradicional, el reacomodo ha resultado en una nueva configuración de las judicaturas de Primera Instancia. Ahora, las juezas Nora Rodríguez y Erika Segovia, junto con los jueces Alberto Chavarría y José Reyna, tendrán la responsabilidad de impartir justicia en esta área tan crucial para el desarrollo económico del estado. La designación de estas cuatro figuras, dos hombres y dos mujeres, busca, al menos en apariencia, mantener un equilibrio de género en la judicatura. Sin embargo, cabe preguntarse si la paridad numérica es suficiente para garantizar una verdadera igualdad de oportunidades y una representación equitativa de las perspectivas de género en la toma de decisiones judiciales.

En materia Laboral, la reconfiguración presenta un escenario similar. Ana Izquierdo y Luisa Rojas, junto con Miguel Valenzuela y Homero Salazar, conforman ahora el nuevo cuadro de jueces encargados de dirimir los conflictos laborales. En un contexto de crecientes tensiones en el mundo del trabajo, la imparcialidad y la capacidad de estos jueces para mediar y resolver disputas de manera justa y efectiva serán cruciales para mantener la paz social y la estabilidad económica. La experiencia y la trayectoria de cada uno de ellos serán puestas a prueba en cada caso que llegue a sus manos.

El caso del Tribunal de Disciplina Judicial presenta una particularidad que lo distingue de los anteriores. La designación de Luz Miranda y Alba Álvarez, junto con Austreberto Regil, se produce en medio de la polémica destitución de la magistrada Zelandia Bórquez. Bórquez, lejos de aceptar la decisión del Tribunal Electoral, ha anunciado su intención de recurrir a la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, argumentando que sus argumentos de defensa no fueron debidamente considerados. Este recurso legal abre un nuevo capítulo en la historia y promete mantener la atención pública fija en el proceso. ¿Se revisará la decisión del Tribunal Electoral? ¿Se hará justicia a los argumentos de Bórquez? Estas son las preguntas que flotan en el aire y que solo el tiempo podrá responder.

La situación actual nos invita a reflexionar sobre la importancia de la transparencia y la imparcialidad en los procesos de selección y asignación de jueces y magistrados. La confianza en el sistema judicial es un pilar fundamental para el Estado de Derecho y la estabilidad democrática. Cada decisión, cada nombramiento, cada ajuste, debe estar sustentado en la meritocracia, la ética y el compromiso con la justicia. Solo así se podrá garantizar un sistema judicial sólido, respetado por la ciudadanía y capaz de impartir justicia de manera equitativa y efectiva. El futuro del sistema judicial estatal está en juego, y la sociedad debe estar vigilante para asegurar que se tomen las decisiones correctas.