La incertidumbre se cierne como una sombra sobre los campos de Sinaloa. La noticia del aplazamiento arancelario, aunque recibida con un suspiro de alivio por algunos sectores, deja un sabor amargo en la boca de los productores de jitomate. Noventa días pueden parecer una eternidad cuando el futuro de tu cosecha, de tu sustento, pende de un hilo. Imaginen las hileras interminables de plantas cargadas de frutos rojos, maduros, listos para ser recolectados, pero con un destino incierto. Ese es el panorama que enfrentan miles de familias sinaloenses, quienes ven cómo el esfuerzo de meses de trabajo se ve amenazado por una disputa comercial que los rebasa.

La presión de los productores de Florida, latente desde hace décadas, ha encontrado un nuevo impulso en el cambiante panorama político estadounidense. El resurgimiento de figuras como Donald Trump ha dado alas a un discurso proteccionista que, aunque disfrazado de argumentos comerciales, tiene un claro tinte electoral. Se utilizan los temores y las necesidades de un sector específico para ganar votos, sin medir las consecuencias que estas decisiones pueden tener en la economía de otro país, en la vida de miles de personas.

La situación se agrava aún más si consideramos el contexto actual en Sinaloa. A la amenaza de los aranceles se suma la implacable sequía que azota la región, secando la tierra y dificultando aún más la producción. Y como si fuera poco, la inseguridad en las zonas rurales añade otra capa de complejidad a la ya difícil realidad de los agricultores. Se trata de un cóctel explosivo que pone en jaque la estabilidad económica y social de una región que depende en gran medida de la agricultura.

Redireccionar la producción de jitomate a otros mercados no es una tarea sencilla. Años de comercio con Estados Unidos han creado una compleja red de infraestructura, logística y relaciones comerciales que no se pueden desmantelar de la noche a la mañana. Buscar nuevos compradores, negociar precios, adaptarse a diferentes estándares de calidad y cumplir con los requisitos fitosanitarios de cada país requiere tiempo, inversión y un gran esfuerzo. ¿Tendrán los productores sinaloenses los recursos y el apoyo necesarios para lograrlo en tan solo tres meses?

La prórroga de 90 días no es una victoria, es una tregua. Un breve respiro que nos da la oportunidad de analizar la situación, replantear estrategias y buscar soluciones a largo plazo. Es imperativo que el gobierno mexicano, la iniciativa privada y la sociedad civil trabajen juntos para defender los intereses de nuestros agricultores y proteger la economía nacional. Debemos apostar por el diálogo, la negociación y la búsqueda de acuerdos que beneficien a ambas partes. El comercio entre México y Estados Unidos es una relación simbiótica, y romper ese equilibrio tendría consecuencias negativas para todos.

El jitomate, ese fruto tan presente en nuestra gastronomía, se ha convertido en un símbolo de la lucha por la justicia comercial. La lucha de los productores sinaloenses es la lucha de todos los mexicanos. Es la lucha por un comercio justo, por la defensa de nuestra soberanía alimentaria y por el futuro de nuestras comunidades rurales. No podemos permitir que las decisiones políticas de un país extranjero pongan en riesgo el sustento de miles de familias mexicanas. Es hora de unirnos y alzar la voz. El futuro del jitomate sinaloense está en juego, y con él, el futuro de nuestro campo.