La escalada de violencia protagonizada por el presidente municipal de Teoloyucan, Luis Domingo Zenteno, ha alcanzado un nuevo y preocupante nivel. Su reciente intervención en Cuautitlán, un municipio ajeno a su jurisdicción, no solo demuestra un desprecio por la legalidad y los límites territoriales, sino también una peligrosa propensión a la violencia. La clausura del Centro de Distribución Buró Logistik (CEDIS) por parte del gobierno de Cuautitlán, debido a anomalías en los permisos y riesgos a la seguridad pública, desató la furia de Zenteno. En lugar de respetar la decisión de la alcaldesa Juanita Carrillo, Zenteno irrumpió en la escena con su cabildo y funcionarios, llevando a cabo detenciones arbitrarias, agresiones físicas y verbales, e incluso disparos de arma de fuego que resultaron en lesiones para policías de Cuautitlán. Este acto no solo pone en evidencia su carácter bronco y su preferencia por la confrontación, sino que también representa un grave atentado contra la seguridad y la estabilidad de la región. La alcaldesa Carrillo, a pesar de ser víctima de amenazas, violencia institucional y un evidente machismo por parte de Zenteno, ha mantenido la compostura y ha evitado caer en provocaciones. Su prudencia contrasta con la irresponsabilidad del alcalde de Teoloyucan, quien parece actuar con total impunidad. La gravedad de estos acontecimientos ha llegado al Congreso del Estado de México, donde ya se discute la posibilidad de intervenir para garantizar la seguridad de los ciudadanos de Cuautitlán y proteger a la alcaldesa Carrillo de futuras agresiones. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿hasta dónde llegará la impunidad de Zenteno? Si así actúa en público, ¿qué podemos esperar de él tras bambalinas? Es imperativo que las autoridades tomen cartas en el asunto y pongan freno a este comportamiento inaceptable.

Mientras tanto, en Veracruz, la situación no es menos preocupante. La gobernadora Rocío Nahle parece minimizar el asesinato de la maestra jubilada Irma Hernández a manos del crimen organizado, mientras un motín estalla en el Cereso de Tuxpan. Los internos, tras incendiar instalaciones y enfrentarse a las fuerzas de seguridad, exigen la presencia de los medios de comunicación. Este incidente, que deja heridos y una palpable tensión en el ambiente, se suma a una serie de eventos violentos que han plagado el penal, incluyendo el asesinato de su ex director en junio y el secuestro de un custodio la semana pasada. La aparente ausencia y la falta de respuesta del gobierno ante esta crisis penitenciaria son alarmantes. ¿Qué medidas se tomarán para restablecer el orden y garantizar la seguridad tanto dentro como fuera de los muros del penal? La población veracruzana exige respuestas y acciones concretas ante la creciente ola de violencia que azota al estado. La indiferencia de las autoridades no es una opción. El sistema penitenciario en llamas es un reflejo de la inseguridad que se vive en Veracruz, y es urgente que se implementen estrategias efectivas para combatir la delincuencia y proteger a la ciudadanía.