La liberación de Israel Vallarta tras dos décadas sin sentencia ha reabierto un capítulo oscuro en la historia de la justicia mexicana. El caso, marcado por el controvertido arresto televisado junto a la ciudadana francesa Florence Cassez, ha vuelto a poner en el ojo del huracán la administración del expresidente Felipe Calderón y las prácticas que imperaban en aquel entonces. La presidenta Claudia Sheinbaum ha enfatizado que la decisión de liberar a Vallarta provino de una jueza, aplicando criterios similares a los utilizados en la liberación de Cassez, y no de una intervención directa del gobierno actual. Esto subraya la independencia del poder judicial, un pilar fundamental de cualquier democracia.

Más allá de las interpretaciones particulares que puedan existir sobre el caso, la mandataria capitalina invita a la reflexión sobre el contexto en el que se desarrollaron estos eventos. El montaje televisado del arresto de Vallarta y Cassez, orquestado al menos en parte por un conductor de televisión, es un recordatorio de cómo la justicia podía ser manipulada para fines mediáticos y políticos. La presencia de Luis Cárdenas Palomino, actualmente detenido, en aquel operativo añade otra capa de complejidad a la trama. Sheinbaum Pardo vincula estas prácticas con la figura de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Calderón, quien enfrenta cargos por narcotráfico en Estados Unidos.

La pregunta que surge es ¿cómo era posible que este tipo de montajes se llevaran a cabo? ¿Qué mecanismos de control fallaron? La liberación de Vallarta después de 20 años de encierro sin sentencia pone de manifiesto las fallas de un sistema que permitía la prolongación de la prisión preventiva sin un debido proceso. Es un llamado a la revisión y fortalecimiento de las instituciones judiciales, a la garantía del debido proceso y a la erradicación de prácticas que vulneren los derechos fundamentales de los ciudadanos.

La jefa de Gobierno ha descartado una reunión con Israel Vallarta, argumentando que lo relevante es mantener viva la memoria de estos hechos. Su negativa no debe interpretarse como una falta de interés en el caso, sino como una estrategia para evitar la politización del tema y centrar la atención en la importancia de la reforma judicial. Precisamente, la elección popular de jueces, implementada en años recientes, se presenta como una herramienta para fortalecer la democracia y la transparencia en el sistema judicial, previniendo la repetición de episodios como el de Vallarta y Cassez. La participación ciudadana en la elección de los juzgadores es una conquista que busca asegurar la imparcialidad y la rendición de cuentas en la administración de justicia.

El caso Vallarta-Cassez, más allá de las circunstancias específicas, se convierte en un símbolo de la lucha por un sistema judicial más justo y transparente. Un sistema que garantice el respeto a los derechos humanos, el debido proceso y la independencia de los jueces. Un sistema que no esté sujeto a presiones políticas o mediáticas, y que se base en la búsqueda de la verdad y la justicia. La reflexión sobre este caso es fundamental para construir un futuro en el que este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse. Es una tarea que nos compete a todos, como ciudadanos y como sociedad.