Japón se encuentra en la antesala de un posible cambio histórico en su política laboral. La propuesta de elevar el salario mínimo en un 6%, el mayor incremento en más de dos décadas, ha generado un intenso debate en la nación asiática. Este aumento, que llevaría el salario mínimo por hora a 1.118 yenes (aproximadamente 143.45 pesos mexicanos), representa un salto de fe hacia un mayor poder adquisitivo para los trabajadores japoneses, un nivel no visto desde principios del siglo XXI.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Trabajo, ha sido fruto de un diálogo tripartito entre representantes del gobierno, trabajadores y empleadores. El consenso alcanzado en el seno del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar marca un hito, siendo la primera vez que se plantea un aumento superior a los 60 yenes por hora. Sin embargo, el camino hacia su implementación no está exento de obstáculos. La propuesta deberá ser debatida y aprobada por la Dieta (Parlamento japonés), donde se analizarán minuciosamente los potenciales beneficios y riesgos de esta medida.

La disparidad salarial entre las 47 prefecturas japonesas añade complejidad al debate. Mientras que en 31 de ellas el salario mínimo ronda los 900 yenes por hora, la nueva propuesta implicaría un aumento sustancial de 218 yenes en estas regiones. Este incremento, sin precedentes, busca no solo compensar la inflación y la tendencia al alza de los salarios, sino también mejorar el costo de vida y reflejar la productividad de la economía japonesa.

La ambición del Ministerio de Trabajo va más allá de este incremento inicial. Su objetivo a largo plazo es alcanzar los 1.500 yenes por hora antes del final de la década, una meta que requeriría cinco revisiones salariales y un aumento total de 445 yenes. Este ambicioso plan se enfrenta a la realidad de una inflación persistente que afecta el bolsillo de los ciudadanos japoneses. El Primer Ministro Shigeru Ishiba, tras unas elecciones que le restaron apoyo parlamentario, deberá sortear la resistencia política para impulsar esta reforma.

La preocupación por el impacto en las pequeñas y medianas empresas (PYMES) es un elemento central del debate. En Japón, las PYMES representan el 70% de la fuerza laboral y destinan una parte significativa de sus ingresos a los costos salariales. Un aumento drástico del salario mínimo podría poner en riesgo la viabilidad de muchas de estas empresas, generando un efecto dominó en la economía.

La experiencia de otros países, como México, ofrece un punto de comparación. En 2025, el salario mínimo mexicano alcanzó los 8,480.17 pesos mensuales (excepto en la Zona Libre de la Frontera Norte, donde la cifra asciende a 12,771.35 pesos). Si bien las realidades económicas y sociales de ambos países son diferentes, el caso mexicano ilustra la complejidad de implementar aumentos salariales significativos y sus potenciales consecuencias en el tejido empresarial.

El futuro del salario mínimo en Japón se encuentra en manos de los legisladores. La decisión que tomen marcará un precedente en la política laboral del país y tendrá un impacto profundo en la vida de millones de trabajadores. La búsqueda de un equilibrio entre la mejora del poder adquisitivo y la estabilidad económica se presenta como el principal desafío en este crucial debate.