La sombra de la reforma electoral se cierne sobre México, avivando el debate político y generando una ola de reacciones desde la oposición. La reciente propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para la creación de una Comisión para la Reforma Electoral ha desatado la inquietud de los partidos opositores, quienes exigen su inclusión en el proceso. El clamor por un diálogo incluyente y transparente resuena con fuerza en las voces de los líderes del PAN y el PRI, quienes advierten sobre los peligros de una reforma impuesta desde el poder.

Jorge Romero, líder nacional del PAN, ha alzado la voz para denunciar la intención de Morena de modificar las leyes electorales sin una verdadera apertura al diálogo con las demás fuerzas políticas y la sociedad civil. "Una reforma de esta magnitud no se construye desde la imposición", ha sentenciado Romero, subrayando la necesidad de un consenso amplio que garantice la legitimidad del proceso. La preocupación del PAN se centra en la posibilidad de que una reforma unilateral ponga en riesgo la libertad y transparencia de las elecciones, la representatividad en los cargos públicos y la estabilidad política del país.

Por su parte, Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, ha calificado la propuesta de la 4T como una amenaza a la democracia, acusándola de pretender eliminar derechos y libertades fundamentales de los mexicanos. Moreno Cárdenas ha reiterado la firme oposición de su partido a una ley electoral "a modo" y ha asegurado que darán la batalla en el Congreso para defender la inclusión de las propuestas de la sociedad. Su llamado a la unidad nacional para frenar la reforma electoral refleja la creciente tensión política que rodea este tema crucial para el futuro del país.

El eco de la preocupación se extiende más allá de los partidos políticos. Un grupo de 16 ex consejeros y ex magistrados electorales se ha unido al llamado a la sociedad, a los actores políticos, a las organizaciones empresariales, a las instituciones académicas y a los medios de comunicación para impulsar un diálogo nacional sobre la reforma electoral. Su propuesta se basa en la convicción de que una reforma de tal envergadura debe ser el resultado de una deliberación amplia y de acuerdos consensuados. Entre sus puntos clave, destacan el fortalecimiento de los mecanismos de representación política, buscando garantizar una mayor participación ciudadana y una democracia más robusta.

La controversia en torno a la reforma electoral se intensifica, poniendo de manifiesto la importancia de un debate abierto y plural. La exigencia de la oposición por ser incluida en la Comisión para la Reforma Electoral, sumada a la preocupación de la sociedad civil y de expertos en la materia, subraya la necesidad de un proceso transparente y participativo que fortalezca las instituciones democráticas y garantice la legitimidad del sistema electoral mexicano. El futuro de la democracia en México se encuentra en juego, y la búsqueda de consensos se presenta como el camino indispensable para asegurar un proceso electoral justo y equitativo para todos.