Un cambio de rumbo en la economía familiar mexicana se dibuja con los recientes datos de la Encuesta de Ingresos y Gastos en Hogares. El incremento del 35.9% en los ingresos del decil más bajo, es decir, las familias con menos recursos, representa un avance significativo en la lucha contra la desigualdad. No se trata simplemente de un aumento en los números, sino de una transformación en la dinámica económica que históricamente ha favorecido a los sectores más privilegiados. Este aumento, considerablemente mayor al 15.7% del promedio nacional, sugiere un cambio de paradigma donde las políticas públicas se enfocan en la base de la pirámide social, buscando un impacto real en la calidad de vida de quienes más lo necesitan.

La comparación con periodos anteriores, particularmente con el sexenio de Felipe Calderón, resalta la importancia de estos resultados. Mientras que en gobiernos anteriores la brecha entre el decil más rico y el más pobre se ampliaba, la tendencia actual muestra una reducción en esta desigualdad. La diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre, que llegó a ser de 38 veces en el pasado, evidencia una concentración de la riqueza que ahora se busca revertir. Este cambio de rumbo, aunque aún con desafíos por delante, apunta hacia una distribución más equitativa de los recursos, un anhelo largamente esperado por la sociedad mexicana.

Sin embargo, la lucha contra la desigualdad no se limita a la comparación entre los extremos de la escala económica. La distribución geográfica de la riqueza también juega un papel crucial en este panorama. Si bien los datos a nivel nacional son alentadores, la presidenta Sheinbaum Pardo reconoció la necesidad de redoblar esfuerzos en estados como Chiapas, Oaxaca y Tabasco. Estas entidades, históricamente rezagadas en términos de desarrollo económico, requieren de una atención especial para cerrar la brecha que las separa de los estados del norte. El objetivo es claro: lograr un desarrollo más homogéneo en todo el territorio nacional, donde la prosperidad no sea un privilegio de unos pocos, sino una realidad tangible para todas las familias mexicanas.

El camino hacia una sociedad más justa e igualitaria es un proceso continuo que requiere de constancia y un enfoque integral. Estos resultados, aunque preliminares, nos invitan a reflexionar sobre la importancia de las políticas públicas que priorizan el bienestar de los más vulnerables. La reducción de la desigualdad no es solo un indicador económico, sino un reflejo de la salud social de un país. Es un paso hacia un México más inclusivo, donde el crecimiento económico se traduzca en una mejor calidad de vida para todos, sin importar su lugar de origen o su posición en la escala social. El reto ahora es mantener este impulso y consolidar las bases de un futuro más próspero y equitativo para las generaciones venideras.