La destitución de Pablo Gómez de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no ha sido una sorpresa para los analistas políticos que seguíamos de cerca su trayectoria. Su nombramiento, desde un principio, estuvo marcado por la sospecha de responder más a lealtades políticas que a credenciales profesionales. Gómez, un personaje curtido en las batallas ideológicas del lopezobradorismo, carecía de la experiencia y la imparcialidad necesarias para dirigir un organismo tan delicado como la UIF. Su gestión, plagada de acusaciones de persecución política contra adversarios del régimen, dejó mucho que desear en términos de combate real al crimen organizado.

Mientras los cárteles de la droga operaban con impunidad durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la UIF, bajo el mando de Gómez, parecía más enfocada en perseguir a empresarios, periodistas y activistas críticos del gobierno. Esta preocupante tendencia convirtió a la UIF en una herramienta de control político, desviándola de su función principal: investigar y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y el creciente escrutinio internacional sobre la corrupción en México pusieron al descubierto la ineficacia de Gómez al frente de la UIF. Las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro a instituciones financieras mexicanas por lavado de dinero del narcotráfico fueron la gota que derramó el vaso. La "ceguera" de la UIF ante estas operaciones ilícitas, que rayaba en la complicidad, evidenció la falta de compromiso de Gómez con la lucha contra el crimen organizado.

Su salida, disfrazada de "promoción" a un cargo simbólico en la reforma electoral, es una clara señal de la desconfianza que generaba en instancias internacionales, particularmente en Estados Unidos. La UIF, bajo su liderazgo, se había convertido en un obstáculo para la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico.

La llegada de un nuevo titular a la UIF abre una ventana de oportunidad para recuperar la credibilidad de este organismo y reenfocar sus esfuerzos en la investigación y persecución de las redes financieras del crimen organizado. Es crucial que el nuevo liderazgo de la UIF actúe con autonomía e imparcialidad, dejando de lado las consideraciones políticas y priorizando la lucha contra la corrupción. El futuro de México depende, en gran medida, de la capacidad del Estado para combatir eficazmente las estructuras criminales que amenazan su estabilidad y desarrollo. La lección que nos deja el caso de Pablo Gómez es contundente: la UIF no puede ser un instrumento al servicio del poder político, sino un baluarte en la defensa del Estado de Derecho.

El silencio que ha rodeado la salida de Gómez contrasta con la resonancia de las acusaciones que lo persiguen. No hubo conferencias de prensa, ni comunicados oficiales, solo un breve anuncio sobre su nuevo cargo. Esta discreción es reveladora y confirma la incomodidad que generaba su presencia al frente de la UIF. El tiempo, sin duda, sacará a la luz la verdadera dimensión de su gestión y las consecuencias de sus omisiones. La historia, como siempre, será la juez implacable.