La inseguridad pública en México nos ha transformado la vida a todos. No se trata solo de la violencia palpable en las calles, sino de la incertidumbre que se ha infiltrado en nuestra cotidianidad, modificando nuestras rutinas, limitando nuestras libertades y sembrando la semilla del miedo en cada rincón del país. Este problema, sin embargo, no ha surgido de la nada. Es el fruto amargo de años de corrupción e inequidad, un caldo de cultivo perfecto para el florecimiento del crimen organizado. Estas estructuras delincuenciales se han fortalecido a la sombra de la impunidad, tejiendo redes de poder que se extienden a todos los niveles de la sociedad.

Y a esta compleja realidad se suma la innegable influencia de nuestra proximidad geográfica con Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas del mundo. La demanda insaciable de narcóticos del país vecino alimenta la maquinaria del crimen organizado en México, convirtiendo nuestra frontera en un campo de batalla donde se libra una guerra sin cuartel. La crisis de opioides en Estados Unidos, con más de 80 mil muertes por sobredosis el año pasado, es un reflejo desgarrador de esta problemática. Mientras que en México lamentamos la pérdida de casi 30 mil vidas a causa de la violencia, la magnitud del problema al otro lado de la frontera es abrumadora, y sus consecuencias nos impactan directamente.

Durante el sexenio anterior, el discurso oficial minimizó la gravedad de la situación. Se nos dijo, una y otra vez, que no existían laboratorios de fentanilo en México, que el huachicol era cosa del pasado, que la estrategia de "abrazos, no balazos" era la solución. Estas afirmaciones, que a la luz de los hechos se revelan como falsedades, no solo generaron confusión, sino que también erosionaron la confianza en las instituciones y obstaculizaron la implementación de políticas públicas efectivas. La insistencia en negar la realidad, en contra de la evidencia, alimentó la percepción de una posible complicidad entre el gobierno y el crimen organizado, una sospecha reforzada por episodios como el saludo a la madre de Joaquín Guzmán Loera y la liberación de Ovidio Guzmán.

Estas acciones, sumadas a la retórica oficial, generaron tensiones con el gobierno de Estados Unidos, que interpretó la postura mexicana como una falta de voluntad para colaborar en la lucha contra el narcotráfico. Ahora, con un cambio de administración, se reconoce implícitamente el fracaso de la estrategia anterior. Se anuncia una nueva estrategia, se presumen cifras de decomisos y detenciones, se admite la existencia del problema del fentanilo y el huachicol. Se confirma, en definitiva, lo que muchos advertimos durante años: la estrategia anterior no funcionaba, era una ocurrencia, una patraña que nos costó seis años de retroceso en la lucha contra el crimen. Seis años de complicidad, de mentiras y de ocurrencias que han dejado una profunda herida en el tejido social.

Ahora, el desafío es enorme. Debemos recuperar el tiempo perdido, reconstruir la confianza en las instituciones y trabajar incansablemente para devolverle la tranquilidad a los mexicanos. Es una tarea que nos exige unidad, compromiso y la firme determinación de no repetir los errores del pasado. El camino será largo y difícil, pero no podemos claudicar. La seguridad de nuestro país, la tranquilidad de nuestras familias, es un objetivo que vale la pena perseguir con todas nuestras fuerzas.