El regreso del Poder Judicial de la Federación tras el periodo vacacional se produce en un momento crucial, a escasas semanas de su completa renovación. Este retorno a la actividad nos recuerda la importancia de las tareas pendientes, entre las que destaca el amparo en revisión relacionado con el libro de texto "Proyectos Comunitarios" para sexto de primaria. La controversia gira en torno a un fragmento que, desde hace dos años, incluye una referencia a Lorenzo Córdova Vianello, expresidente del INE, calificando una de sus acciones como un acto discriminatorio. La yuxtaposición de este fragmento con ejemplos de atrocidades históricas como el Holocausto y el genocidio de Ruanda, plantea una preocupante equiparación que trivializa la gravedad de estos eventos y suscita interrogantes sobre la objetividad y el rigor histórico en la educación.

Recordemos el contexto: una grabación ilegal y un fragmento descontextualizado de una conversación sobre una reunión con un líder indígena. Independientemente de la pertinencia de las expresiones de Córdova Vianello, el amparo que interpuso se fundamenta en la violación del artículo 3º constitucional – relativo a los principios de la educación – y en la vulneración de sus derechos al honor y a la reputación. La juez de distrito que atendió el caso emitió un fallo favorable, estableciendo un precedente significativo al destacar la necesidad de una educación objetiva, basada en la justicia, la legalidad y la igualdad, libre de sesgos ideológicos o de la promoción de regímenes específicos.

El proyecto del ministro ponente, que previamente resultó en un empate en la votación, presenta un escenario complejo. Si bien confirma la violación al derecho al honor y a la reputación, revoca el aspecto relacionado con la objetividad de la educación argumentando un tecnicismo jurídico: la falta de interés legítimo del demandante por no pertenecer a la comunidad estudiantil de primaria. Esta decisión representa una oportunidad perdida para reforzar la importancia de la imparcialidad en la educación y limita el alcance de la sentencia, centrándose en la eliminación del texto del libro pero sin abordar las medidas resarcitorias que suelen caracterizar las sentencias modernas en materia de derechos humanos.

Con la incorporación del quinto ministro a la Segunda Sala, se abre la posibilidad de una sentencia definitiva. Aunque se haya desaprovechado la ocasión de enviar un mensaje contundente sobre la objetividad en la educación, se espera que la resolución final, al menos, haga justicia a quien ha sido objeto de ataques por defender la autonomía de los órganos electorales y la democracia en nuestro país. Este caso trasciende la anécdota personal y se erige como un recordatorio de la importancia de salvaguardar la imparcialidad en la educación y la integridad de las instituciones democráticas. El debate sobre la inclusión de contenidos potencialmente sesgados en los materiales educativos debe continuar, promoviendo la reflexión sobre la formación de ciudadanos críticos y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

La espera por la sentencia definitiva se vive con expectativa. La decisión que tome la Segunda Sala tendrá implicaciones significativas no solo para el caso en particular, sino también para el futuro de la educación y la protección de los derechos fundamentales en México. La sociedad civil permanece atenta, exigiendo justicia y transparencia en un asunto que nos concierne a todos.