La sombra del miedo se extiende por México. Un escalofriante 63.2% de la población se siente insegura en el segundo trimestre de 2025, según la última encuesta del INEGI. Este dato, un aumento significativo comparado con el 59.4% del mismo periodo en 2024, pone en evidencia una profunda crisis de confianza, a pesar de la reducción del 24.5% en homicidios reportada por el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Seis de cada diez mexicanos mayores de 18 años viven con el temor constante a la violencia, una realidad que trasciende las frías estadísticas y se instala en el corazón mismo de la vida cotidiana.

La geografía del miedo dibuja un mapa desigual. Ciudades como Culiacán, Ecatepec, Uruapan, Tapachula y Ciudad Obregón se ahogan en la inseguridad, con porcentajes que superan el 88%. Mientras tanto, islas de relativa calma, como San Pedro Garza García, Piedras Negras, Benito Juárez, Saltillo y Puerto Vallarta, registran índices de percepción de inseguridad considerablemente menores. Esta disparidad subraya la complejidad del problema y la necesidad de estrategias focalizadas que atiendan las particularidades de cada región.

La confianza en las instituciones de seguridad también revela un panorama contrastante. La Marina, la Fuerza Aérea y el Ejército gozan de una alta credibilidad, con porcentajes de aprobación que rondan el 80%. Sin embargo, la Guardia Nacional, la policía estatal y, sobre todo, la policía municipal, sufren una preocupante desconfianza por parte de la ciudadanía. Este desequilibrio debilita la capacidad de respuesta del Estado y alimenta la espiral de inseguridad.

Más allá de los números, la percepción de inseguridad corroe el tejido social. El miedo se convierte en un muro invisible que separa a las personas, vacía los espacios públicos y paraliza la economía local. La desconfianza se extiende como una mancha de aceite, minando la legitimidad de las instituciones y fracturando el pacto social. Aunque se logren avances en la reducción de delitos, si la ciudadanía no los percibe, el impacto en el bienestar social es mínimo.

La percepción de inseguridad no se alimenta únicamente de la violencia real, sino también de la violencia percibida. Los medios de comunicación, las redes sociales, los rumores, la impunidad y la corrupción amplifican la sensación de peligro. Un solo evento violento, por aislado que sea, puede detonar una ola de miedo colectivo, empañando cualquier logro en materia de seguridad.

Para revertir esta situación, el gobierno debe comprender que la seguridad no se reduce a cifras, sino que se construye con confianza. Se necesita una estrategia integral que recupere el espacio público, fortalezca y depure las policías locales, ataque las raíces del delito, garantice una justicia efectiva y combata la impunidad. La participación ciudadana es crucial en este proceso: se necesitan puentes de diálogo entre la sociedad y las instituciones, espacios de colaboración y mecanismos de control ciudadano.

El aumento en la percepción de inseguridad es una llamada urgente a la acción. No se trata solo de reducir los delitos, sino de devolverle a la gente la tranquilidad de vivir sin miedo. Es un reto complejo, pero no imposible. Requiere voluntad política, compromiso institucional y, sobre todo, la participación activa de una sociedad cansada del miedo y dispuesta a construir un futuro más seguro.