La historia de Israel Vallarta y Florence Cassez no es un caso aislado, sino un síntoma de una enfermedad crónica que aqueja al sistema judicial mexicano: la intoxicación mediática. Desde 2005, este caso nos ha obligado a confrontar una realidad incómoda: la justicia en México se negocia, no en los tribunales, sino en los estudios de televisión y en las redacciones de los periódicos. Se construyen narrativas, se fabrican culpables y se condenan personas antes de que un juez siquiera haya revisado las pruebas.

¿Recuerdan a las supuestas víctimas? Probablemente no. Sus rostros, sus historias, sus traumas, han sido eclipsados por el espectáculo mediático. Se han convertido en personajes secundarios en una obra teatral donde los protagonistas son los acusados, los policías, los periodistas y, por supuesto, la audiencia ávida de morbo. ¿Alguien se ha preocupado por su bienestar? ¿Alguien les ha preguntado cómo se sienten después de haber sido utilizadas como piezas de un ajedrez político y mediático? El silencio es ensordecedor.

La liberación de Vallarta, después de casi dos décadas de encierro, no es una victoria, sino una constatación de la profunda falla del sistema. ¿Qué le decimos a un hombre al que le robaron veinte años de su vida? Un simple "lo siento" suena a burla. No hay compensación posible por el tiempo perdido, por la dignidad pisoteada, por el estigma que lo perseguirá para siempre. Y lo más preocupante es que este caso no es la excepción, sino la regla. ¿Cuántos Israel Vallarta más existen en las cárceles mexicanas, víctimas de la manipulación mediática y la corrupción judicial?

El problema no se limita a la intromisión de los medios. Es mucho más profundo. Se trata de la cobardía de las instituciones, del temor de los jueces a enfrentarse a la presión pública, de la renuncia al debido proceso en aras del rating y la popularidad. La presunción de inocencia se ha convertido en una frase vacía, un principio legal que se ignora sistemáticamente en la práctica.

La reciente reacción de Vallarta, atacando a un periodista, es un reflejo del daño psicológico causado por años de linchamiento mediático. ¿Podemos culparlo por su rabia, por su frustración, por su desconfianza hacia quienes lo convirtieron en un monstruo ante los ojos del país? Su historia nos debe servir de advertencia: la justicia no puede ser un espectáculo. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad social que no pueden eludir. La información debe ser veraz, objetiva e imparcial. No se puede condenar a nadie sin pruebas, sin un juicio justo, sin el derecho a la defensa.

Y mientras el debate se centra en Vallarta y en la manipulación mediática, las verdaderas víctimas siguen en el olvido. Es hora de que las pongamos en el centro de la conversación. Es hora de que exijamos justicia para ellas, para quienes han sufrido el secuestro, la violencia, la impunidad. Es hora de que reclamemos un sistema judicial que funcione para todos, no solo para los poderosos o para los que generan más ruido.

La nota al pie sobre la Unidad de Inteligencia Financiera nos recuerda otra cara de la misma moneda: el poder desmedido del Estado, la vigilancia constante, el terror fiscal como herramienta de control. Si la justicia se corrompe por la presión mediática, también se corrompe por la ambición de poder y la impunidad. La concentración de poder en manos de unos pocos siempre es una amenaza para la democracia y para los derechos de los ciudadanos. Es fundamental exigir transparencia, rendición de cuentas y un Estado de derecho que proteja a todos por igual, sin excepciones.