La sombra de la incertidumbre se cierne sobre Estados Unidos. La promesa electoral de deportar a un millón de indocumentados anualmente, bandera ondeada con fervor por el actual presidente, se estrella contra la realidad de una nación que depende, en gran medida, del trabajo de estos migrantes. A seis meses de iniciado el nuevo gobierno, la meta se vislumbra lejana, pero los operativos, con su carga de espectacularidad y temor, son una constante. Redadas e intimidación siembran el miedo en comunidades que, irónicamente, sostienen parte importante de la economía del país.

Las consecuencias de esta política, impulsada por una retórica divisoria, no se han hecho esperar. La industria de la construcción, motor del desarrollo, muestra signos de debilitamiento. En los campos, la escasez de manos para la cosecha es palpable. Hoteles y restaurantes, preparándose para el inminente Campeonato de Futbol, se enfrentan a la falta de personal. Un panorama desolador que, según expertos, podría contraer el PIB en aproximadamente un uno por ciento.

El impacto no se limita al ámbito productivo. En los supermercados, las amas de casa constatan con preocupación el aumento en los precios de los productos básicos. Los prestadores de servicios, sin ambages, trasladan al consumidor los costos derivados de la falta de mano de obra. El norteamericano promedio, acostumbrado a cierta estabilidad económica, se ve obligado a ajustar su presupuesto ante una inflación creciente y una oferta de servicios cada vez más limitada.

El problema, sin embargo, trasciende lo inmediato. A largo plazo, el sistema de pensiones y jubilaciones, ya de por sí frágil, se verá seriamente comprometido. La disminución de la fuerza laboral, consecuencia directa de las deportaciones, implica menos contribuciones al fondo de pensiones. Una bomba de tiempo demográfica que amenaza la seguridad social de millones de ciudadanos.

Es paradójico, por decir lo menos, que se persiga y expulse a quienes, con su trabajo, contribuyen al sistema. Migrantes indocumentados que, lejos de ser una carga para el país, pagan impuestos, aportan al fondo de pensiones y, con los bajos salarios que perciben, subsidian la economía. Se trata, en definitiva, de una fuerza laboral que dinamiza sectores clave y que, con su consumo, irriga el mercado interno.

La narrativa oficial, que demoniza al migrante y lo presenta como una amenaza, se contradice con la evidencia. La realidad es que la deportación masiva de estos trabajadores no solo es inhumana, sino también económicamente contraproducente. Un error de cálculo que podría sumir al país en una profunda crisis. La pregunta que queda flotando en el aire es: ¿cuándo se privilegiará el pragmatismo sobre la ideología? ¿Cuándo se reconocerá el aporte invaluable de estos hombres y mujeres que, buscando un futuro mejor, contribuyen al progreso de la nación que ahora los rechaza?