La liberación de Israel Vallarta tras casi dos décadas de encarcelamiento sin sentencia definitiva abre una profunda herida en el sistema judicial mexicano y destapa, una vez más, las turbias maniobras políticas que marcaron el sexenio de Felipe Calderón. No se trata simplemente de un caso de justicia retrasada, sino de una aberración jurídica orquestada desde las más altas esferas del poder. Como bien apunta Jorge Volpi, reconocido periodista y autor de "Una Novela Criminal", estamos ante un caso paradigmático de manipulación de la justicia para fines políticos. La detención de Vallarta y Florence Cassez, transmitida en vivo por televisión nacional, se revela ahora como un montaje grotesco, una puesta en escena macabra diseñada para alimentar la imagen de un gobierno fuerte y eficaz en su lucha contra el crimen.

La sombra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública y hoy condenado por narcotráfico en Estados Unidos, se cierne sobre este caso como una presencia ominosa. Volpi señala, con agudeza, la obsesión de García Luna por exhibir la eficiencia de sus cuerpos de seguridad, incluso a costa de fabricar culpables y violar sistemáticamente el debido proceso. La tortura, la incomunicación y la falsificación de pruebas parecen haber sido prácticas comunes en su cruzada particular contra el delito. ¿Y qué papel jugó Felipe Calderón en todo esto? Si bien es difícil determinar si el expresidente conocía los detalles de cada operación, su responsabilidad política resulta ineludible. Nombrar a García Luna como secretario de Seguridad, a pesar de las acusaciones de montaje y las sospechas que ya lo rodeaban, es una decisión que lo marca indeleblemente. Más aún, si consideramos los vínculos de García Luna con grupos criminales, la responsabilidad de Calderón se agrava considerablemente. No se trata solo de negligencia, sino de una complicidad pasiva que permitió la consolidación de un sistema corrupto y autoritario.

La historia de Israel Vallarta es un recordatorio doloroso de la fragilidad de la justicia y del peligro que representan los gobiernos que instrumentalizan las instituciones para su propio beneficio. La perversidad de Genaro García Luna, demostrada en su condena por narcotráfico y en la creación de grupos criminales ficticios como "Los Zodiaco", revela la magnitud del daño infligido al país. La liberación de Vallarta, aunque tardía, es un paso importante hacia la reparación del daño y la búsqueda de la verdad. Sin embargo, la justicia no se limita a la liberación de un inocente. Exige también la rendición de cuentas de todos aquellos que participaron en esta farsa, desde los autores materiales hasta los responsables políticos que permitieron que ocurriera. El caso Vallarta-Cassez debe servir como un punto de inflexión para impulsar una profunda reforma del sistema judicial mexicano y garantizar que nunca más se repitan semejantes atropellos. La memoria de las víctimas y la dignidad de un país entero lo exigen.