La tragedia que envuelve el caso de Irma Hernández Cruz, maestra jubilada y taxista, cuyo secuestro y asesinato a manos del grupo criminal "La Mafia Veracruzana" ha conmocionado a la sociedad, continúa generando controversia. Ante la creciente ola de cuestionamientos y especulaciones en torno al dictamen de necropsia, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha salido a la palestra para respaldar con firmeza tanto el procedimiento como la idoneidad del perito a cargo, José Eduardo Márquez Nava.

En un comunicado emitido la noche del viernes 1 de agosto, la FGE no solo ratificó la validez del dictamen, sino que también defendió la trayectoria y las credenciales del perito Márquez Nava. La dependencia hizo hincapié en que el profesional cuenta con una Evaluación de Control y Confianza, un requisito indispensable para ejercer funciones tan sensibles como las periciales. Además, la FGE subrayó que Márquez Nava posee título y cédula profesional, acreditando su formación y habilitándolo legalmente para desempeñar su labor.

La FGE no escatimó en detalles al describir la preparación especializada del perito en medicina y patología forenses, conocimientos que, según la institución, lo capacitan plenamente para emitir dictámenes con apego a lo establecido en los artículos 368 y 369 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este respaldo institucional busca disipar las dudas que se han cernido sobre el proceso, especialmente tras la indignación y el dolor que ha causado este crimen en la comunidad.

La insistencia de la FGE en la rigurosidad con la que se llevó a cabo la necropsia de la profesora Hernández Cruz, siguiendo los protocolos correspondientes, busca transmitir un mensaje de transparencia y confianza a la sociedad. Se enfatiza que el dictamen emitido por Márquez Nava se basa en los resultados obtenidos durante la intervención pericial, lo que, en teoría, debería garantizar la objetividad y la imparcialidad del mismo. Sin embargo, la controversia persiste y la exigencia de justicia por parte de la familia y la sociedad se mantiene latente.

Este caso pone de manifiesto la compleja realidad que se vive en Veracruz, donde la violencia y la impunidad parecen ser una constante. La figura de Irma Hernández Cruz, una maestra jubilada que se veía obligada a trabajar como taxista para subsistir, se ha convertido en un símbolo de la vulnerabilidad de los ciudadanos ante el crimen organizado. La demanda de justicia trasciende el ámbito legal y se convierte en un clamor social por un cambio profundo que garantice la seguridad y la paz.

La investigación continúa y la sociedad permanece expectante. La transparencia en el proceso y el castigo a los responsables son cruciales no solo para honrar la memoria de Irma Hernández Cruz, sino también para restablecer la confianza en las instituciones y enviar un mensaje claro de que la impunidad no será tolerada. El futuro de Veracruz depende, en gran medida, de la capacidad del Estado para responder con eficacia y justicia a la violencia que lo azota.