La salida de Iberdrola de México ha generado un torbellino de especulaciones y análisis, con interpretaciones que van desde la falta de certeza jurídica hasta la búsqueda de nuevas oportunidades. Lo cierto es que la venta de sus 15 centrales eléctricas restantes a un consorcio liderado indirectamente por Cox Energy, otra empresa española, por 4,200 millones de dólares, marca un punto de inflexión en el panorama energético nacional. Recordemos que hace apenas unos años, Iberdrola planeaba invertir miles de millones de dólares en México, una perspectiva que cambió radicalmente con la llegada de la 4T. La posterior venta de varias centrales al gobierno y la actual desinversión total pintan un cuadro complejo.

Mientras Iberdrola argumenta la falta de certeza jurídica como motivo principal de su partida, Cox Energy, paradójicamente, señala precisamente la seguridad jurídica como atractivo para su llegada. Esta aparente contradicción puede explicarse por la diferente tolerancia al riesgo entre ambas compañías, incluso siendo del mismo país y sector. Cox Energy, especializada en agua y energías renovables, ve una sinergia con sus operaciones preexistentes en México y la posibilidad de consolidarse como un jugador más competitivo a través de economías de escala. Su apuesta, a largo plazo, dependerá de la evolución del mercado y la regulación en las próximas décadas.

La narrativa oficial de la 4T apunta a que Iberdrola "robaba a los mexicanos" y que la aceptación de disposiciones más estrictas por parte de Cox Energy valida esta postura. Sin embargo, otra perspectiva sugiere que la salida de Iberdrola es estratégica, coincidiendo con un periodo de incertidumbre en los mercados internacionales, cambios en los aranceles impuestos por Trump y un clima político menos favorable en México tras la reforma energética de la 4T.

La adquisición por parte de Cox Energy, incluyendo la deuda de Iberdrola en México, se suma a la lista de recientes fugas de capitales del país, aunque se trate de una transacción entre privados. Este movimiento subraya la dependencia de México de la inversión privada para sostener su soberanía energética, incluso si esta se mantiene por debajo del 50% de participación.

Más allá de las razones detrás de la salida de Iberdrola, la realidad es que México necesita energía eléctrica, preferiblemente limpia, para combatir los crecientes apagones, especialmente durante las olas de calor. La capacidad del sistema eléctrico se ha visto comprometida y la demanda continúa en aumento.

En este contexto, las recientes declaraciones de Trump sobre la eliminación de barreras no arancelarias por parte de México en los próximos 90 días abren un nuevo capítulo. ¿Implicará esto una modificación de la reforma energética y de telecomunicaciones para permitir mayor inversión estadounidense en estos sectores? De ser así, podría representar una oportunidad para revitalizar el sector energético, comenzando quizás con Pemex. El tiempo dirá si esta nueva dinámica traerá consigo los beneficios esperados para el país. La incertidumbre persiste, pero la necesidad de soluciones es innegable. El futuro del sector energético mexicano se escribe día a día, en un escenario complejo y en constante evolución.