La geopolítica mundial se encuentra en un punto de inflexión. La estrategia arancelaria de Estados Unidos, descrita por algunos como una nueva forma de imperialismo económico, está reconfigurando el tablero internacional. Más allá de una simple herramienta para recaudar fondos, estos aranceles se perfilan como un mecanismo de presión política, un instrumento para renegociar acuerdos comerciales y afianzar el poderío estadounidense en un mundo cada vez más multipolar. La reciente ola de acuerdos bilaterales con la Unión Europea, India, Brasil y Japón, con porcentajes de aranceles que varían según el caso, son una muestra palpable de esta estrategia. La amenaza latente sobre Rusia, condicionando la relajación de sanciones económicas a su postura en el conflicto con Ucrania, refuerza aún más esta perspectiva.

En este contexto, la capacidad de México para navegar estas turbulentas aguas resulta destacable. La habilidad del gobierno de Sheinbaum para sortear, al menos por el momento, la imposición de nuevos aranceles, se erige como un logro significativo. Sin embargo, este éxito no es producto de la casualidad, sino de una serie de decisiones políticas estratégicas. La ratificación de la alianza militar con Estados Unidos, la gestión del flujo migratorio con un despliegue considerable de fuerzas en las fronteras norte y sur, el distanciamiento comercial con China –incluyendo nuevos aranceles y el combate al contrabando–, la lucha contra el narcotráfico y el fentanilo, el cumplimiento de los compromisos del Tratado de Aguas, la firma de un acuerdo medioambiental con California y los esfuerzos por reducir el déficit comercial con Estados Unidos, configuran un complejo entramado de acciones destinadas a mantener una relación estable con el gigante del norte.

Es innegable el papel crucial que han desempeñado figuras clave del gabinete, como el Secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch; el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a pesar de sus diferencias públicas previas con la Presidenta; el Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; el Secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora; y los secretarios de Defensa y Marina. Su trabajo coordinado ha sido fundamental para la implementación de estas políticas de contención.

No obstante, la amenaza persiste. Asuntos cruciales como la exportación de ganado, los aranceles al jitomate, las dificultades en el tráfico aéreo y las tarifas sobre aluminio, acero y cobre siguen pendientes, manteniendo una presión constante sobre la economía mexicana. La “tolerancia” del presidente Trump, por lo tanto, debe ser interpretada con cautela.

La verdadera prueba de fuego para México será la renegociación del T-MEC, prevista para el próximo año. En este escenario, la defensa de los intereses nacionales se vuelve crucial. El futuro de la economía mexicana, en gran medida, dependerá del resultado de estas negociaciones. Este nuevo orden mundial, basado en la fuerza y la violencia económica, augura un panorama sombrío. El aumento de precios, la inflación, la pobreza y la desigualdad son consecuencias previsibles de este modelo. La tarea que tenemos por delante es monumental: construir un sistema económico más justo y equitativo, que priorice el bienestar de las personas sobre los intereses de las grandes potencias. El camino es complejo, pero la necesidad de cambio es imperativa.