La obligatoriedad del uso de TAG en las casetas de Capufe para 2026 no es una simple noticia, es un reflejo de la transformación silenciosa pero profunda que está experimentando la institución. Más allá de la comodidad para los usuarios, esta medida se enmarca en una estrategia integral de modernización que abarca desde la adjudicación de contratos para el mantenimiento de equipos, hasta la colaboración con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad. Imaginen la eficiencia operativa que se logrará, la reducción de tiempos de espera en las filas, la optimización de recursos y la mayor transparencia en el manejo de los mismos. Este avance no solo agilizará el tránsito, sino que también contribuirá a la seguridad vial, un aspecto fundamental en nuestras carreteras.

La reciente licitación para el mantenimiento de los equipos de control de tránsito, adjudicada a Hitachi Rail GTS México y Ofi Store, demuestra la apuesta por la tecnología de punta y la experiencia internacional. La participación de empresas de este calibre no es casualidad, sino una muestra del compromiso de Capufe con la excelencia y la innovación. Es destacable la supervisión del proceso por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, un factor crucial para asegurar la transparencia y la legalidad en cada paso. La incorporación de perfiles técnicos especializados, la revisión de modelos tecnológicos internacionales y el fortalecimiento de la colaboración interinstitucional son piezas clave en este engranaje de modernización.

La colaboración con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad no se limita a la vigilancia y atención de emergencias. Implica la creación de un sistema integral de seguridad vial que abarque la prevención, la atención de incidentes y la respuesta rápida ante cualquier eventualidad. Esta sinergia interinstitucional es fundamental para garantizar la seguridad de los usuarios y la eficiencia en la operación de las carreteras. Además, la coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno para mejorar la conectividad y la capacidad de respuesta de la red carretera es un elemento esencial en esta estrategia. No se trata solo de modernizar la infraestructura, sino de crear un sistema integral que funcione de manera eficiente y segura.

La transformación de Capufe es un ejemplo de cómo la gestión pública puede evolucionar hacia un modelo basado en la planeación, los datos y la tecnología. Es un cambio de paradigma que va más allá del discurso y se materializa en acciones concretas. La experiencia de Ofi Store en el sector público y la trayectoria de Hitachi Rail GTS México en automatización y sistemas ferroviarios son un valor agregado que promete resultados tangibles. La incorporación de estándares internacionales a la infraestructura carretera nacional es un paso significativo hacia la modernización y la eficiencia. Este enfoque proactivo, basado en la tecnología y la transparencia, es un ejemplo a seguir para otras instituciones públicas.

En paralelo, el debate sobre la gestión eficiente del agua en el sector agropecuario, como se vio en el Foro Nacional celebrado en Guadalajara, revela la urgencia de adoptar un enfoque sostenible en el uso de los recursos hídricos. La modernización del sistema de concesiones de agua, un tema crucial que ha sido postergado por demasiado tiempo, es fundamental para garantizar la justicia hídrica y la transición energética. La apuesta por tecnologías limpias y eficientes en el manejo del agua subterránea es esencial para la sostenibilidad del campo mexicano. El Decálogo de acciones para la justicia hídrica y transición energética presentado en el foro es una hoja de ruta que debe ser tomada en cuenta por las autoridades y los actores involucrados en el sector.

Finalmente, el caso del alcalde de Ahome, Gerardo Vargas, nos recuerda la importancia del respeto al debido proceso y la voluntad popular. La resolución del juez federal que ordenó su restitución es un llamado a las autoridades a acatar la Constitución y respetar la autonomía municipal. Este caso pone de manifiesto la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho y garantizar la soberanía de cada municipio. La crisis jurídica y política generada por la destitución de Vargas Landeros es una lección que debe servir para evitar futuras violaciones a los principios constitucionales.