La tensión se palpa en el aire en la carretera Las Ánimas-Coyotepec. Lo que comenzó como una clausura rutinaria de un CEDIS por parte del Gobierno de Cuautitlán, se ha transformado en un peligroso foco de conflicto territorial, con acusaciones cruzadas, agresiones físicas y hasta disparos de arma de fuego. La tarde del viernes 1 de agosto quedará marcada por la violencia desatada, dejando a su paso interrogantes sobre los verdaderos intereses que se esconden tras este enfrentamiento.

Las autoridades de Cuautitlán actuaron conforme a la ley al clausurar la obra del CEDIS, una construcción que, según denuncias ciudadanas previas, amenazaba con deteriorar las vialidades y la tranquilidad de las colonias aledañas. Sin embargo, la intervención del presidente municipal de Teoloyucan, Luis Domingo Zenteno Santaella, y su comitiva, convirtió la situación en un polvorín. ¿Qué motivó realmente la irrupción del alcalde Zenteno? ¿Defender los límites territoriales, como alega, o proteger otros intereses?

La respuesta de los ciudadanos, presuntamente incitados por las autoridades de Teoloyucan, fue alarmante. Las agresiones verbales y físicas contra el personal del Gobierno de Cuautitlán ponen de manifiesto la gravedad del conflicto y la facilidad con la que la violencia puede ser instrumentalizada. Aún más preocupante resulta la acusación de que el propio alcalde Zenteno ordenó disparar armas de fuego, poniendo en peligro la vida de la presidenta municipal de Cuautitlán, Juanita Carrillo, y de otros funcionarios presentes. Dos policías de Cuautitlán resultaron con fracturas, un testimonio tangible de la brutalidad de los hechos.

Este incidente no puede verse como un hecho aislado. El comportamiento del alcalde Zenteno Santaella dibuja un patrón de conductas que vulneran los derechos de la población y ponen en riesgo la convivencia pacífica entre municipios. Semanas atrás, vecinos de la zona protestaron por la construcción del CEDIS, exigiendo la intervención de las autoridades. En aquel momento, el alcalde Zenteno brilló por su ausencia. Su silencio contrasta con la vehemencia que mostró durante el enfrentamiento del viernes. ¿Dónde estaba el alcalde cuando los ciudadanos clamaban por soluciones? ¿Por qué solo se presenta cuando hay, presuntamente, intereses económicos en juego?

La ausencia de diálogo y la escalada de la violencia son señales alarmantes. La ciudadanía merece respuestas claras y acciones contundentes por parte de las autoridades. El bloqueo de la vialidad no solo afecta la movilidad, sino que también refleja la profunda fractura que este conflicto ha generado. Es imperativo que se investigue a fondo lo sucedido y se depuren responsabilidades. La justicia y la paz deben prevalecer por encima de cualquier interés particular. La pregunta que resuena en la comunidad es: ¿hasta cuándo se permitirá que la impunidad sea la norma? La sociedad exige transparencia y un compromiso real de las autoridades para garantizar la seguridad y el bienestar de todos.

La situación continúa tensa y se espera una pronta intervención de las autoridades estatales para mediar en el conflicto y restablecer el orden. Mientras tanto, la incertidumbre se apodera de la población, que observa con preocupación el desenlace de esta crisis.