Casi dos décadas. Veinte años de una vida robada. Veinte años de un proceso judicial laberíntico, plagado de apelaciones, amparos, denuncias, y una sombra de injusticia que se alargaba como una pesadilla. Israel Vallarta Cisneros, finalmente absuelto, recupera su libertad después de un calvario legal que puso a prueba los cimientos mismos del sistema judicial mexicano. Un caso que nos obliga a reflexionar sobre la fragilidad de la justicia, la importancia del debido proceso y el irreparable daño que la prisión preventiva prolongada puede infligir a un individuo y a su familia.

La sentencia absolutoria, dictada por el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, cierra un capítulo oscuro en la historia judicial de nuestro país. Un capítulo marcado por la acusación de pertenecer a una banda de secuestradores, por la presión mediática, por las irregularidades denunciadas a lo largo del proceso y, sobre todo, por la angustiante espera de una resolución. Imaginen la incertidumbre, la desesperanza, la impotencia de vivir casi dos décadas con el peso de una acusación sin sentencia, con la vida en suspenso, con el futuro en entredicho.

Diez recursos de apelación. Seis juicios de amparo. Siete recursos de revisión. Tres quejas. Números que reflejan la tenacidad de la defensa, pero también la complejidad y las trabas que Vallarta Cisneros enfrentó en su búsqueda de justicia. Un laberinto legal que pone en evidencia la necesidad de una reforma profunda del sistema judicial, que garantice la celeridad de los procesos y evite que situaciones como ésta se repitan.

La intervención del Comité Contra la Tortura, en 2022, añade otra capa de complejidad al caso. Su solicitud al Estado mexicano para garantizar la atención médica y psicológica de Vallarta Cisneros, así como las medidas de protección contra represalias, subraya la vulnerabilidad de quienes se enfrentan a un proceso judicial prolongado. La tortura, física o psicológica, no tiene cabida en un Estado de Derecho, y la denuncia del Comité nos obliga a redoblar esfuerzos para erradicarla por completo.

El apoyo brindado por el Gobierno Federal a la familia de Vallarta Cisneros, especialmente a su esposa, es un gesto de humanidad que merece ser reconocido. La atención médica, el apoyo en las visitas y las llamadas telefónicas, aunque no reparan el daño causado por la privación de libertad, al menos mitigan el sufrimiento y ofrecen un atisbo de esperanza en medio de la adversidad.

La absolución de Israel Vallarta Cisneros no es solo el fin de un proceso judicial, es un llamado a la reflexión. Un llamado a fortalecer el Estado de Derecho, a garantizar la presunción de inocencia, a proteger los derechos de los acusados y a construir un sistema judicial más justo y eficiente. Un sistema que no permita que la justicia se convierta en sinónimo de impunidad o de condena anticipada. La libertad recuperada por Vallarta Cisneros debe ser un recordatorio constante de la importancia de la justicia y la necesidad de luchar contra la arbitrariedad y la injusticia en todas sus formas. Es una victoria para él, para su familia, y para todos aquellos que creemos en un México donde la justicia sea una realidad tangible y no una promesa incumplida.