La crisis de desapariciones en México continúa siendo una herida abierta en el tejido social. La búsqueda incansable de miles de familias, la incertidumbre que carcomen la esperanza y la lucha por la verdad y la justicia, exigen una respuesta contundente y coordinada por parte de las instituciones. En este contexto, la iniciativa del Senado de fortalecer la comunicación con el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas se presenta como un rayo de luz en medio de la oscuridad.

No se trata simplemente de un gesto simbólico, sino de una necesidad imperante. El Senado, como representante del pueblo mexicano, tiene la obligación de escuchar las voces de quienes viven en carne propia esta tragedia. La presidenta de la Comisión de Gobernación, Lilia Margarita Valdez Martínez, lo ha expresado con claridad: es necesario poner más atención a este tema, y la comunicación fluida con el Consejo Ciudadano es un paso fundamental en esa dirección.

La participación activa del Senado no solo implica escuchar, sino también actuar. La senadora Valdez Martínez ha hecho hincapié en la importancia de sancionar de manera ejemplar a aquellos funcionarios que no cumplan con su deber en la búsqueda de personas desaparecidas. La impunidad no puede ser una opción. Es necesario que las autoridades rindan cuentas y que se garantice la justicia para las víctimas y sus familias.

La elección de los nuevos integrantes del Consejo Ciudadano es un momento crucial. La diversidad de perfiles, que incluye familiares de personas desaparecidas, especialistas en derechos humanos y representantes de organizaciones de la sociedad civil, refleja la complejidad del problema y la necesidad de un abordaje integral. Es vital que los nuevos consejeros cuenten con la experiencia, la sensibilidad y el compromiso necesarios para impulsar políticas públicas efectivas en materia de búsqueda de personas.

Las comparecencias de los aspirantes ante el Senado han puesto de manifiesto la magnitud de la tragedia. El testimonio de jóvenes que, a pesar de su corta edad, se han visto obligados a buscar a sus seres queridos, es un llamado a la conciencia de toda la sociedad. La senadora Reyna Celeste Ascencio Ortega lo ha expresado con profunda empatía: es inadmisible que jóvenes tengan que cargar con el peso de esta búsqueda, pero al mismo tiempo es admirable su valentía y determinación.

La participación de Luis Enrique González Araiza ha señalado otro aspecto fundamental: la necesidad de homologar los lineamientos de las células municipales de búsqueda en todo el país. La falta de coordinación entre las distintas instancias gubernamentales es uno de los principales obstáculos que enfrentan las familias en su búsqueda.

La tarea que tiene por delante el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas es enorme. Pero con el apoyo del Senado, la participación activa de la sociedad civil y el compromiso de las autoridades, es posible avanzar hacia un México donde la desaparición forzada sea cosa del pasado. La esperanza no se pierde, la lucha continúa.