La crisis hídrica en México se agrava, convirtiéndose en un asunto de seguridad nacional que exige una acción inmediata y coordinada. La sobreexplotación de los acuíferos, la ineficiencia en los sistemas de riego y la proliferación de pozos ilegales pintan un panorama alarmante que requiere un cambio radical en la gestión del agua. El Foro Nacional de Gestión Eficiente de Agua y Energía, celebrado en Guadalajara, sirvió como plataforma para que autoridades de los tres niveles de gobierno, junto con expertos y académicos, analizaran la problemática y plantearan soluciones.

El Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, lanzó una seria advertencia: la extracción desmedida de agua subterránea, 15 veces superior a las necesidades de la Zona Metropolitana de Guadalajara, es insostenible. Comparó los acuíferos con un vaso al que se le insertan múltiples popotes, representando la proliferación de pozos, muchos de ellos ilegales, que drenan el recurso vital a un ritmo alarmante. Este escenario, agravado por el cambio climático, nos conduce a un “suicidio anunciado” si no se toman medidas drásticas.

El diagnóstico es contundente: de los 653 acuíferos en el país, 286 presentan un déficit. La agricultura, principal consumidora de agua con el 76%, muestra una ineficiencia alarmante. La mitad del agua utilizada en este sector se pierde por evaporación, canales en mal estado y sistemas de riego obsoletos. Berdegué Sacristán fue enfático al afirmar que el agua es un derecho humano, no una mercancía, y su gestión no puede estar sujeta únicamente a las leyes del mercado.

El Plan Hídrico Nacional, aunque ambicioso en sus propuestas de tecnificación de riego, reciclaje de agua y nuevas fuentes de abastecimiento, enfrenta enormes retos. La implementación efectiva de estas medidas requiere no solo de recursos económicos, sino también de una voluntad política firme y una participación activa de la sociedad.

La regularización de las concesiones de pozos de agua es una tarea urgente. Se estima que existen alrededor de 15 mil pozos ilegales operando en el país, lo que agudiza la sobreexplotación de los acuíferos. El diputado federal Armando Fernández Samaniego señaló la necesidad de renovar las concesiones existentes, ya que el 70% de ellas son ineficientes y consumen una cantidad excesiva de energía.

La presencia de los gobernadores de Querétaro y Jalisco en el foro subraya la importancia de la coordinación intergubernamental para afrontar la crisis hídrica. Se hizo un llamado a respetar los acuerdos para mantener los niveles del Lago de Chapala, y se expresó preocupación por la construcción del acueducto desde la Presa Solís hacia Guanajuato, proyecto que podría poner en riesgo la supervivencia del lago más grande de México.

La situación actual demanda un cambio de paradigma en la gestión del agua. Es necesario transitar hacia un modelo sostenible que priorice la conservación del recurso, la modernización de los sistemas de riego y la participación responsable de todos los sectores de la sociedad. El futuro del país depende de ello. La inacción no es una opción.