La tarde queretana se vio interrumpida por un despliegue policial que paralizó el corazón del centro histórico. La avenida Zaragoza, habitualmente bulliciosa con el ritmo cotidiano, se convirtió en el escenario de una operación que dejó a más de uno con la respiración contenida. Tres camionetas, nueve individuos que se identificaban como escoltas y un arsenal sin la documentación requerida, fueron los ingredientes de esta historia que aún deja interrogantes en el aire.

El director del sistema de agua potable de Cortazar, Guanajuato, Diego Estefanía, se encontraba en el ojo del huracán. Mientras él, acompañado de una mujer y un menor, continuaba su camino sin ser vinculado al armamento incautado, nueve hombres que decían protegerlo quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República. Ocho armas de fuego, sin los permisos correspondientes y sin oficios de comisión que avalaran su portación, fueron el detonante de la intervención policial. Un procedimiento que, si bien no culminó en enfrentamientos, sí generó una gran expectación entre quienes transitaban por la zona.

La noticia corrió como la pólvora en redes sociales, donde el propio Estefanía confirmó los hechos, minimizando la situación y destacando el trato “amable” de los agentes estatales. Sin embargo, la aparente tranquilidad del funcionario contrasta con la gravedad de los hechos. ¿Contaba con la autorización para desplazarse con personal armado fuera de Guanajuato? ¿Quiénes son estos nueve individuos y a qué empresa pertenecen, si es que pertenecen a alguna? Estas son algunas de las preguntas que aún flotan en el aire, a la espera de respuestas por parte de las autoridades.

La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos es clara al respecto de la portación de armas. La posesión y el traslado de armamento requieren de permisos específicos y justificaciones legales. En este caso, la ausencia de documentación pone en tela de juicio la legitimidad de la escolta y abre la puerta a diversas especulaciones. ¿Se trataba de una empresa de seguridad privada debidamente registrada? ¿O eran individuos operando al margen de la ley?

La investigación en curso por parte de la Fiscalía General de la República se antoja crucial para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. La opinión pública exige transparencia y respuestas contundentes que permitan comprender las circunstancias de este operativo y las implicaciones legales que conlleva. Mientras tanto, la avenida Zaragoza, testigo silencioso del despliegue policial, recupera su ritmo habitual, aunque la sombra de la incertidumbre aún persiste. ¿Qué motivó la presencia de este grupo armado en Querétaro? ¿Qué relación real existe entre el director del sistema de agua potable de Cortazar y los detenidos? El tiempo y las investigaciones se encargarán de develar el misterio.