El caso del alcalde Iván Camacho no es un incidente aislado, sino un síntoma de una enfermedad que corroe el sistema político mexicano: la normalización del abuso de poder. La prepotencia con la que trata a un joven empleado y la forma en que detiene un autobús en plena autopista, flanqueado por escoltas, no son actos de un servidor público, sino de alguien que confunde el poder con la licencia para humillar. Y lo más grave, lo hace con una impunidad pasmosa, amparado en la sombra protectora de su partido. ¿Qué mensaje envía esto a la ciudadanía? ¿Que las leyes son para los demás, que la autoridad se ejerce con prepotencia y no con respeto?

La tibia respuesta del PRI estatal, encabezado por Néstor Camarillo, es aún más preocupante. El silencio cómplice ante las acciones de Camacho no solo lo protege a él, sino que también blinda a todo un sistema que permite y fomenta este tipo de comportamientos. Se escudan en la idea de proteger a “los suyos”, olvidando que su verdadera responsabilidad es con la ciudadanía, a la que deberían rendir cuentas. Este tipo de actitudes solo profundiza la desconfianza en la clase política y alimenta el cinismo colectivo.

La iniciativa del diputado Roberto Zataráin de iniciar un procedimiento para revocar el mandato de Camacho es un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Demuestra que aún hay voces dentro del sistema que se atreven a desafiar la impunidad y a exigir responsabilidades. Sin embargo, no basta con un solo acto. Es necesario que se implementen mecanismos de control más efectivos para prevenir y sancionar el abuso de poder, y que la sociedad civil se mantenga vigilante y exija transparencia y rendición de cuentas.

La anécdota de la preparatoria en Tecoanapa, Guerrero, convertida en salón de fiestas para la boda del hijo del director, con la complacencia del alcalde morenista, ilustra a la perfección cómo esta cultura de la impunidad trasciende las fronteras partidistas. No se trata de colores, sino de una mentalidad arraigada que ve el servicio público como una oportunidad para el beneficio personal. La "investigación" anunciada por la universidad suena a un intento de lavarse las manos, un gesto vacío ante una realidad que clama por un cambio profundo.

Estos casos, aparentemente aislados, dibujan un panorama desolador de la política mexicana. Muestran la urgente necesidad de una transformación cultural que priorice el servicio público, la ética y la rendición de cuentas. Mientras la impunidad siga reinando, la confianza en las instituciones seguirá erosionándose y el ciclo de abuso de poder se perpetuará. La ciudadanía merece algo mejor. Merece representantes que actúen con integridad y que recuerden que su poder emana del pueblo y debe ser ejercido para su beneficio, no para su perjuicio. El cambio no llegará por sí solo. Requiere la participación activa de todos, exigiendo transparencia, denunciando los abusos y promoviendo una cultura de responsabilidad en la vida pública.

La historia del alcalde Camacho y la fiesta en la preparatoria son solo la punta del iceberg. ¿Cuántos casos similares estarán ocurriendo en el país, ocultos bajo el manto de la impunidad? Es hora de levantar la voz y exigir un cambio real. No podemos permitir que la prepotencia y el abuso de poder se conviertan en la norma. El futuro de México depende de ello.