La reciente publicación del Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (WJP) nos presenta un panorama preocupante. México se sitúa en el puesto 118 de 142 países a nivel global, una posición que se agrava al considerar nuestra región, Latinoamérica y el Caribe, donde ocupamos el lugar 28 de 32. Si comparamos a México con naciones de ingreso similar, la situación no mejora, ubicándonos en el puesto 39 de 41. Estos resultados no son simplemente números; representan la peor evaluación para nuestro país hasta la fecha, con una caída significativa en áreas cruciales como el combate a la corrupción (138/142), la justicia civil (131/142) y la justicia penal (134/142). Este declive no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una tendencia global preocupante: el fortalecimiento de las tendencias autoritarias y el debilitamiento de los contrapesos democráticos en dos tercios de los países evaluados. En todo el mundo, los poderes ejecutivos enfrentan cada vez menos resistencia por parte de la sociedad civil, los medios de comunicación, y, alarmantemente, también de los poderes legislativo, judicial y electoral.

El informe del WJP revela otro dato inquietante: la mayoría de los países que celebraron elecciones entre 2023 y 2024 vieron a sus partidos gobernantes mantenerse en el poder. Este hecho cobra relevancia al vincularse con el retroceso en los contrapesos democráticos y los sistemas electorales. Es decir, en los países con un sólido Estado de Derecho, la ciudadanía vota por el cambio con mayor frecuencia. En contraste, donde el Estado de Derecho es débil, la alternancia en el poder se dificulta.

En este contexto de erosión democrática, México llevó a cabo su primera elección judicial. Lejos de disipar las preocupaciones sobre la politización de la justicia, el proceso ha acumulado evidencias de irregularidades. El informe "Elección Judicial 2025", elaborado por José Ramón Cossío y Jorge Alberto Medellín, analiza los resultados de los cómputos distritales y revela un "patrón mecánico de votación", incompatible con un proceso libre y espontáneo. La homogeneidad de los resultados, en lugar de la dispersión esperada en una elección democrática, sugiere el uso de "acordeones" o listas de voto inducido.

Cossío y Medellín aciertan al afirmar que cuando todos votan igual, nadie vota libremente. Esta afirmación se alinea con los hallazgos del WJP: a menor Estado de Derecho, menor libertad de elección. A la ya de por sí minúscula participación del 10% del electorado, se suma una operación política que generó resultados prácticamente calcados de las listas preestablecidas. El resultado es un nuevo poder judicial manchado desde su origen, carente de la legitimidad necesaria para decidir sobre las vidas, la libertad, los bienes y el destino de personas, empresas, corporaciones y sindicatos.

Las evidencias presentadas cuestionan directamente la probidad de los nuevos juzgadores, quienes llegarán a sus cargos bajo la sombra del fraude. Si bien tendrán el poder, carecerán de la autoridad moral esencial para impartir justicia. ¿Cómo podemos confiar en un sistema judicial que nace de un proceso viciado? La respuesta, lamentablemente, se vislumbra compleja y llena de incertidumbre. El futuro de la justicia en México se encuentra en una encrucijada, y la recuperación de la confianza ciudadana se presenta como un desafío titánico. La defensa del Estado de Derecho y la promoción de elecciones libres y justas son tareas impostergables para fortalecer nuestra democracia y garantizar un futuro más justo para todos.

Por Verónica Ortiz

Colaboradora
@veronicaortizo