La promesa de los Organismos Constitucionalmente Autónomos (OCA) brillaba con la esperanza de un México donde el poder no se concentrara en unas pocas manos. Imaginen una arquitectura institucional donde las decisiones se tomaran con base en la técnica, la imparcialidad y la objetividad, lejos de las turbulentas aguas de la política. Se les otorgó autonomía financiera, una estructura propia y facultades que antes residían en los tres poderes tradicionales. Era un escudo protector contra los vaivenes partidistas, una garantía para el acceso a la información, la transparencia electoral, la regulación de mercados clave y la defensa de los derechos humanos. Un futuro prometedor, ¿no es así?

Sin embargo, la realidad, como suele suceder, nos ha dado una bofetada de pragmatismo. Algunos de estos organismos, en lugar de aferrarse a su independencia con uñas y dientes, la cedieron dócilmente. Y no me refiero a una cesión obligada por una reforma legal, sino a una renuncia voluntaria, una decisión política de quienes los conformaban. En vez de resistir las presiones externas, se acomodaron en la comodidad de las cuotas partidistas, en el cálculo político, en el silencio cómplice. Se convirtieron en autómatas de la política, "autónomos" solo de nombre, pero cautivos en la práctica de gobiernos de distintos colores que les pusieron rienda corta.

Observemos el caso de algunos organismos garantes de transparencia a nivel local, como el ITEI en Jalisco, y otros que sucumbieron mucho antes de su desaparición legal. Su independencia ya estaba comprometida, sus órganos de gobierno se transformaron en mesas de negociación política. Un consejero para un partido, otro para el gobierno en turno. Ese juego de ajedrez político desdibujó su misión original y erosionó su legitimidad.

Llegado el momento de debatir su permanencia, se convirtieron en piezas fáciles de sacrificar. La sociedad, desilusionada, no veía razones para defenderlos. Se habían transformado en burocracias sin garra, más preocupadas por su supervivencia política que por cumplir su función pública con autonomía. Recordemos el INAI, envuelto en escándalos internos de corrupción. ¿Cómo defender lo indefendible?

No se equivoquen, el problema no reside en la autonomía en sí misma, sino en su mal ejercicio. En lugar de proteger derechos y controlar el poder, algunos organismos se convirtieron en agencias de colocación o refugios de élites burocráticas. La captura por decisión propia es la forma más sutil y devastadora de perder la independencia, porque convierte al organismo en una cáscara vacía, fácil de desmantelar.

La pregunta que nos golpea es: ¿qué hicieron para merecer su propia extinción? Y la respuesta, aunque incómoda, es que, en parte, aceptaron componendas, dejaron de ser contrapesos, renunciaron a la defensa ciudadana y se convirtieron en meros espectadores pasivos.

La lección es dura, pero necesaria: la autonomía no se pierde cuando te la arrebatan, se pierde cuando decides entregarla. Y esa es una renuncia que ninguna reforma constitucional puede enmendar por sí sola. Es una herida autoinfligida, una traición a la promesa original que solo puede curarse con una profunda reflexión y un compromiso genuino con la independencia y la función pública. El futuro de los OCA depende de la voluntad de quienes los integran de resistir la tentación del poder y abrazar la verdadera autonomía.