La sombra de la duda se cierne sobre el Poder Judicial mexicano. Quince candidatos, cuyas calificaciones académicas no alcanzaban los estándares requeridos, han visto restituido su "triunfo" por el Tribunal Electoral Federal. Un fallo que, lejos de sorprender, se esperaba como la crónica de una muerte anunciada. La autonomía de este tribunal, antaño un baluarte de la justicia, se ha desvanecido, sucumbiendo a la obediencia ciega al Ejecutivo. Se ha optado por ignorar los cuestionamientos sobre la solidez académica de estos aspirantes, allanando su camino hacia cargos que exigen rigor y conocimiento.

Este episodio, lamentablemente, no es un hecho aislado. Se suma a una serie de resoluciones que evidencian la preocupante tendencia a menospreciar la experiencia y el conocimiento en la selección de quienes impartirán justicia. La Magistrada Janine Otálora, con su habitual solidez y profesionalismo, se erige como una voz disidente en este escenario. Su propuesta, revisar cada caso a la luz de los criterios establecidos por los Comités de Evaluación, fue desoída. Una oportunidad perdida para asegurar la idoneidad de los candidatos y la confianza en el sistema.

¿Qué implicaciones tiene este precedente? Se está validando la entrada de individuos al Poder Judicial, no por sus méritos, sino por influencias y recomendaciones. Si ya contamos con una ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sin título, ¿qué nos impide aceptar jueces y magistrados con calificaciones deficientes? La pregunta es inquietante, y nos lleva a una reflexión más profunda: ¿a quién confiaríamos nuestra salud, nuestra seguridad, nuestro futuro? ¿A un profesional con credenciales impecables o a alguien que "pasó de panzazo"? La respuesta parece obvia.

En otros países, la selección de funcionarios judiciales se basa en rigurosos procesos de evaluación, donde el currículum, la experiencia y los exámenes de oposición son determinantes. En México, lamentablemente, parece que estos criterios se han vuelto irrelevantes. Vivimos en una distopía donde cumplir con los requisitos no es necesario, y la excelencia académica se convierte en un obstáculo.

Este escenario no solo compromete la calidad de la justicia, sino que erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Es imperativo que se retome el camino de la meritocracia y se priorice la idoneidad de quienes aspiran a impartir justicia. De lo contrario, seguiremos preguntándonos, con creciente desazón, ¿en manos de quién está nuestro futuro? La respuesta, hoy por hoy, es preocupante. La degradación del Poder Judicial es una amenaza a la democracia y al Estado de Derecho. No podemos permitir que la mediocridad se instale en los cimientos de nuestra justicia.

El caso de los 15 candidatos nos obliga a reflexionar sobre la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el proceso de selección de jueces y magistrados. ¿Qué mecanismos existen para garantizar que las decisiones del Tribunal Electoral Federal sean imparciales y apegadas a la ley? ¿Cómo podemos, como ciudadanos, exigir que se respeten los estándares de calidad y se priorice la idoneidad de los candidatos? Es necesario un debate público sobre estos temas, para que la sociedad pueda participar activamente en la construcción de un Poder Judicial sólido, independiente y confiable.

La lucha por una justicia imparcial y eficiente es una tarea de todos. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se socava la credibilidad de nuestras instituciones. Es tiempo de alzar la voz y exigir un cambio. El futuro de nuestra democracia está en juego.