La impunidad se ha convertido en una sombra alargada que oscurece el panorama de nuestra justicia. No se trata de un simple desliz, sino de una práctica sistemática que premia la transgresión y erosiona los cimientos de un Estado de Derecho. La reciente elección judicial, lejos de ser un faro de esperanza, se ha convertido en un espejo que refleja la profunda crisis que atraviesa nuestro sistema. Las irregularidades, lejos de ser sancionadas con la contundencia que merecen, se diluyen en un mar de multas irrisorias y "facilidades de pago" que convierten la justicia en una burla.

¿Qué mensaje se envía a la ciudadanía cuando quienes aspiran a impartir justicia son los primeros en violarla? La respuesta es desoladora: se normaliza la trampa, se premia la deshonestidad y se erosiona la confianza en las instituciones. Los "acordeones", esas listas pre-fabricadas que buscan manipular la voluntad popular, se han convertido en una herramienta común, un síntoma de la enfermedad que corroe nuestro sistema electoral. Las sanciones impuestas por el INE, en lugar de ser un castigo ejemplar, resultan un simple trámite, un costo operativo más para quienes buscan acceder al poder a cualquier precio. Hablamos de cifras ridículas, casi insultantes, que no disuaden a nadie, sino que refuerzan la idea de que la ley se puede comprar y vender al mejor postor.

El caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es paradigmático. Los futuros ministros, encargados de velar por el cumplimiento de la ley, han sido sancionados por violarla. Y lo más grave es que, a pesar de ello, ocuparán sus cargos, con la bendición de un sistema que parece premiar la deshonestidad. Las multas, diferenciadas según la "solvencia económica" de los infractores, añaden un componente de injusticia adicional. ¿Acaso la ley debe aplicarse de forma distinta según el tamaño de la cartera? Este tipo de criterios no solo son arbitrarios, sino que profundizan la desigualdad y la impunidad.

Pero la historia no termina ahí. La elección judicial ha sido un festival de irregularidades, un catálogo de prácticas que atentan contra la democracia. Candidatos sin los requisitos mínimos, con promedios académicos que no alcanzan el estándar exigido, han sido no solo admitidos, sino también declarados ganadores por el Tribunal Electoral. ¿Qué credibilidad puede tener un Poder Judicial integrado por personas que no cumplen con los requisitos básicos para el cargo? La respuesta es obvia: ninguna.

La baja participación ciudadana en esta elección, la más baja de la historia, es un síntoma de la profunda desconfianza que existe hacia las instituciones. La ciudadanía está cansada de la impunidad, de la corrupción y de la falta de transparencia. La mancha de la trampa empaña la legitimidad de los nuevos integrantes del Poder Judicial, y pone en entredicho la capacidad del sistema para garantizar la justicia y el Estado de Derecho. Es urgente una reforma profunda, una transformación que devuelva la confianza en las instituciones y que garantice que la justicia sea ciega e imparcial, sin importar la "solvencia económica" ni las conexiones políticas de los involucrados. El futuro de nuestra democracia depende de ello.