La sombra de la corrupción se cierne pesada sobre Oaxaca. Jorge Zárate, ex director del Instituto Catastral, ha sido condenado a ocho años, siete meses y quince días de prisión, una sentencia que resuena como un golpe de justicia en los pasillos del poder. Más allá de los fríos números de la sentencia, la historia de Zárate destapa una trama compleja de manipulación y abuso que ha dejado una profunda herida en la confianza ciudadana. La multa de poco más de 16 mil pesos, si bien significativa, palidece ante la magnitud del daño causado a las víctimas, un daño que aún está por cuantificarse y que, sin duda, trasciende lo material.

El juez, con la firmeza que exige la ley, ha determinado que Zárate continúe recluido en el penal de Tanivet, un lugar donde tendrá tiempo para reflexionar sobre las consecuencias de sus actos. Pero la condena no es el final de la historia, sino un capítulo más en una larga y compleja investigación. Seis carpetas de investigación pesan sobre él, cada una un testimonio del alcance de sus presuntas irregularidades. Abuso de autoridad, tráfico de influencias, ejercicio ilícito del servicio público… las acusaciones se acumulan, pintando el retrato de un funcionario que traicionó la confianza depositada en él.

El caso del extinto médico Gerardo Ricárdez es particularmente desgarrador. Uno de los cuatro expedientes catastrales sustraídos por Zárate pertenecía a él, un recordatorio tangible del impacto personal de estos delitos. La falsificación de documentos y la transferencia de propiedades a prestanombres revelan una sofisticada red de corrupción, una maquinaria aceitada que operaba en las sombras, despojando a ciudadanos honestos de su patrimonio.

La historia de Zárate no es un caso aislado, sino un síntoma de un mal que aqueja a nuestras instituciones. Es un llamado a la reflexión, una invitación a fortalecer los mecanismos de control y transparencia. La justicia, aunque lenta, ha comenzado a actuar. Pero la verdadera victoria llegará cuando logremos erradicar la corrupción de raíz, cuando la confianza en las instituciones públicas sea la norma y no la excepción.

Más allá de la condena y las investigaciones en curso, surge la pregunta: ¿cómo reconstruir la confianza perdida? ¿Cómo garantizar que estos hechos no se repitan? La respuesta no es sencilla, pero requiere un compromiso conjunto de la sociedad y las autoridades. Fortalecer la cultura de la legalidad, promover la participación ciudadana en la vigilancia del poder público y sancionar con rigor a quienes abusan de su posición son pasos fundamentales en este camino.

El caso de Zárate nos recuerda que la lucha contra la corrupción es una tarea permanente, una batalla que debemos librar día a día. La sentencia dictada es un paso importante, pero la verdadera justicia llegará cuando logremos construir un sistema donde la honestidad y la transparencia sean los pilares fundamentales. El futuro de Oaxaca, y de México, depende de ello. La sociedad exige justicia, pero también exige un cambio profundo que impida que historias como la de Zárate se repitan. Es un reto que debemos asumir con determinación y con la esperanza de un futuro mejor.