Colombia se encuentra en un momento crucial de su historia. La reciente condena del expresidente Álvaro Uribe ha removido los cimientos de la política nacional y ha reavivado el debate sobre la justicia transicional, la reconciliación y el futuro del país. Este fallo, sin precedentes en la historia moderna de Colombia, ha generado una profunda polarización, con reacciones que van desde la indignación y la denuncia de politización de la justicia por parte de la derecha, hasta la celebración y la reivindicación de la rendición de cuentas por parte de la izquierda y defensores de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El camino hacia la paz en Colombia nunca ha sido fácil. Desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016, el país ha transitado por un sendero complejo, lleno de obstáculos y desafíos. Si bien el acuerdo generó un optimismo inicial, con una gran parte de la población creyendo en la posibilidad de la reconciliación, la realidad ha demostrado ser más compleja. La polarización política, la persistencia de la violencia en algunas regiones y las dificultades en la implementación integral del acuerdo han erosionado la confianza de la ciudadanía en el proceso de paz.

La condena de Uribe pone de manifiesto la fragilidad de la paz y la necesidad de fortalecer los mecanismos de justicia transicional. La propuesta del presidente Gustavo Petro de que Uribe se someta a la JEP abre un nuevo capítulo en este debate. ¿Es posible una reconciliación verdadera sin que todos los actores del conflicto, incluyendo a los expresidentes y a los poderosos, rindan cuentas por sus acciones? Esta es la pregunta que resuena en la sociedad colombiana.

La justicia transicional, con sus pilares de verdad, justicia, reparación y no repetición, se concibió como una herramienta para sanar las heridas del pasado y construir un futuro en paz. Sin embargo, la implementación de la JEP ha enfrentado resistencias y críticas desde diversos sectores. La condena de Uribe podría ser una oportunidad para fortalecer la JEP y demostrar su capacidad para impartir justicia de manera imparcial, sin importar el poder o la influencia de los involucrados.

El caso Uribe también tiene importantes implicaciones para las elecciones presidenciales de 2026. La derecha, representada por el Centro Democrático, se encuentra en un momento de debilidad, y la condena de su líder histórico podría profundizar esta crisis. Por otro lado, la izquierda, liderada por Petro, tiene la oportunidad de capitalizar este momento y consolidar su proyecto político. Sin embargo, el verdadero desafío para todos los actores políticos es construir un proyecto de país que trascienda la polarización y se centre en la consolidación de la paz y la reconciliación.

El futuro de Colombia depende de la capacidad de la sociedad para superar las divisiones y construir un futuro común. La justicia transicional, con la JEP como eje central, debe ser un instrumento para alcanzar este objetivo. La condena de Uribe es un punto de inflexión que puede impulsar el fortalecimiento de la JEP y la construcción de una paz duradera y sostenible. La sociedad colombiana debe estar atenta y participar activamente en este proceso, exigiendo verdad, justicia y reparación para todas las víctimas del conflicto. Solo así se podrá cerrar el ciclo de la violencia y construir un futuro de paz y reconciliación para todos los colombianos.